La Administración central del Estado y la Comunidad Autónoma tendrán que resolver en el plazo de ocho meses las discrepancias surgida a raiz de la aprobación de la Ley de Renovación y Modernización Turística ya que, en caso contrario, ésta puede acabar en el Tribunal Constitucional. El Gobierno central considera que el artículo 4 tiene visos de inconstitucionalidad por limitar la construcción de nueva oferta alojativa a hoteles de cinco estrellas.
La parlamentaria del PP Astrid Pérez reprochó en el pleno al vicepresidente José Miguel Pérez que, dos meses después de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, la Comunidad Autónoma no haya publicado en el BOC el acuerdo para iniciar las negociaciones y comunicar el acuerdo al Tribunal Constitucional, tal y como marca la ley. Pérez respondió que tampoco el BOE lo ha publicado y que ambos boletines oficiales lo realizarán en esta semana. Las pegas al artículo 4 de la nueva ley proceden del Ministerio de Economía y Competitividad.
Astrid Pérez cree que el Ejecutivo regional pretende ocultar a la opinión pública y al sector turístico la posible inconstitucionalidad de la ley. "Advertimos sobre el intervencionismo de la ley, que obstaculiza la inversión y construcción de nuevos establecimientos hoteleros si tienen menos de cinco estrellas", criticó la parlamentaria popular. Pérez llamó la atención sobre la frecuente publicación en el BOC de las discrepancias del Gobierno canario sobre normas aprobadas por la Administración estatal y, sin embargo, no lo hace cuando se refiere a una ley autonómica.
En el acuerdo firmado por el ministro Cristóbal Montoro y el vicepresidente José Miguel Pérez se establece la designación de un grupo de trabajo para estudiar la situación y proponer una solución a la Comisión Bilateral. El Constitucional ya sabe la posibilidad de que este asunto se resuelva en los tribunales si no hay acuerdo.
