El comité de empresa del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha exigido la dimisión de la consejera de Empleo e Industria, Francisca Luengo, y del director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), Juan Ruiz Alzola, en respuesta al ultimátum lanzado por el Gobierno de aceptar en tres días la división de la empresa pública o, en caso contrario, aplicar el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaría a la mitad de la plantilla.
Los representantes del comité intercentros reclaman también la disolución del consejo de administración y de la dirección del ITC ante lo que consideran el desmantelamiento de la sociedad mercantil.
Según expresan los representantes de los trabajadores en un escrito que responde a la carta de Luengo remitida el viernes, "la solución ofrecida por la consejera de Empleo supondrá la eliminación del ITC como instituto de I+D+i con implantación regional, la exclusión de la empresa pública del 65% de la plantilla -105 trabajadores-, la totalidad del personal investigador, la eliminación de complementos salariales básicos, una reducción lineal de los salarios del 5% y la extinción absoluta del vigente convenio colectivo del Instituto". Según el comité "se trata de la más burda agresión sufrida jamás por ningún sector de empleados públicos de Canarias".
Los representantes del comité intercentros del ITC arremete contra la consejera Francisca Luengo y su condición de socialista: "En clara incoherencia con el discurso sostenido en la pasada Conferencia Política del PSOE, la consejera de Empleo muestra su absoluta disposición a hacer uso de la legislación laboral que, presuntamente, pretende derogar su partido".
Asimismo, acusan a Luengo de "traicionar" todos y cada uno de los compromisos contraídos ante los medios de comunicación, en el Parlamento de Canarias, ante los sindicatos, los representantes de los trabajadores y la totalidad de la plantilla del ITC.
La Consejería de Industria ofrece a 105 trabajadores del ITC integrarse en la Fundación Parque Científico Tecnológico -participada por la Universidad y el Cabildo de Gran Canaria- a cambio de preservar los puestos de trabajo pero con condiciones relativas a sus salarios, complementos y otras retribuciones.
En la misiva enviada por Luengo a todos los trabajadores del ITC, se refiere a la parte que no pasará a la Fundación, que se mantendrá en una primera fase como sociedad mercantil pública, para una posterior conversión o traspaso de ésta en un ente público empresarial, figura jurídica en que se quiere reconvertir la Agencia de Innovación, según los planes del Ejecutivo en la pasada legislatura. Según Luengo, la conversión tiene reserva de ley, que se materializará mediante una enmienda de adición en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2014 si los trabajadores del ITC aceptan la propuesta ya que, en caso contrario, se procedería a aplicar el ERE.
