El Gobierno canario devolverá las retribuciones a los 3.473 empleados públicos a los que redujo el 20% de su salario en los primeros cuatro meses del año. El acuerdo alcanzado ayer con los sindicatos contempla que, a cambio, esos trabajadores -sin plaza fija- deben recuperar las horas que dejaron de trabajar a causa de la reducción y, por otro lado, retirar todas las iniciativas judiciales que hubieran iniciado o pretendiera llevar a cabo. Estas, sólo en el caso de los laborales, alcanzan el millar, según apuntó ayer el secretario de Acción Sindical de Sepca, Manuel González.

El consejero de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, informó tras la reunión que mantuvo con los representantes de los trabajadores en Santa Cruz de Tenerife, de que el pago ya puede llevarse a cabo desde el próximo mes de diciembre, para aquellos que los deseen. Una vez acepten, asumen el compromiso "voluntario e individual" de recuperar, a los largo de 2014, las horas que dejaron de hacer a consecuencia de la reducción salarial.

El Gobierno, que puso en marcha la medida de forma puntual obligado por el ajuste presupuestario de ese año, ha provisionado cinco millones de euros para hacer frente a la devolución de las retribuciones y lo hará, según explicó el consejero, con presupuesto de este mismo año.

Spínola explicó que gracias a los ahorros generados por las medidas de contención del gasto de personal -como reducción de asesores y altos cargos, la congelación de la tasa de reposición de plazas vacantes o los ajustes en cobertura por incapacidad temporal - hay fondos suficientes para afrontar estos pagos.

El consejero explicó que todos sindicatos e n el ámbito de la Función Pública felicitaron al Gobierno por la medida, al tiempo que mostraron su colaboración para que los trabajadores se adhieran al acuerdo, ya que la decisión es individual.

La decisión de la Consejería de Presidencia, viene precedida, no obstante, de una sentencia cuyas consecuencias se dibujaban complicadas para el Ejecutivo.

Este mismo mes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo daba la razón a una funcionaria interina y obligaba al Gobierno a pagarle el salario que dejó de percibir de enero a abril. En respuesta los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma interpusieron un incidente de nulidad al considerar que el juzgado que emitió el fallo se excedió en su jurisdicción al no aplicar una norma atonómica: los Presupuestos Generales de 2013.

La cuestión de nulidad tenía un objetivo: que el pleito acabara en el Tribunal Constitucional. Y es que si tenía que devolver el dinero a una de las trabajadoras por aquel recorte frustrado tendría que hacer lo mismo con el resto de los afectados, y además sin compensación y con recargo.

La intención del Ejecutivo era marcar la misma senda con respecto al conflicto colectivo presentado por los sindicados por la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de 2012. El fallo, para este caso, se espera en breve.

No obstante, el consejero recordaba ayer que las cuentas para el próximo año se han consignado 28 millones de euros para hacer frente a ese pago.

"No esperamos malas noticias, todo lo contrario", apuntó al tiempo que destacaba el ambiente de acuerdo respirado durante la reunión con los representantes de los empleados públicos y su apuesta por la paz social en los servicios de la administración autonómica.

Con todo Sepca ha manifestado ya su desacuerdo con la medida planteada por el Ejecutivo. Manuel González calificaba ayer de "inaceptable" que los afectados tengan que trabajar las horas que en su momento les impidieron llevar a cabo por una decisión "unilateral del Gobierno". Desde su punto de vista, "la reducción no fue una medida voluntaria, se impuso. Por ello no puede ahora exigir que recuperemos esas jornadas". La intención del Ejecutivo con este acuerdo, sostiene González, es evitar los tribunales les hagan pagar más de lo que ahorraron entonces.