La crisis del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) explota. El expediente de regulación de empleo (ERE) que pendía sobre la mitad de la plantilla de la empresa pública ya es una realidad tras la decisión del consejo de administración de llevarlo adelante, tras romperse las negociaciones con los representantes de los trabajadores. La mitad de los empleados de la sociedad mercantil, más de 80, se pueden ir a la calle si en el periodo de negociación del expediente no se encuentra una solución de última hora.
En 24 horas las relaciones entre la Consejería de Industria y el comité de empresa saltaron por los aires. Ambos se acusan mutuamente de llegar a un callejón sin salida y abocar a la empresa pública al peor escenario posible. El departamento que dirige Francisca Luengo afirma que el ERE "es la única opción que los mismos trabajadores han dejado a la empresa", mientras que el comité critica que la decisión de romper el ITC es "política" y ya estaba tomada incluso antes de empezar las negociaciones de las últimas semanas.
La ceremonia de la confusión se instaló ayer entre las dos partes tras la reunión negociadora del martes. El comunicado lanzado a última hora por la Consejería previo al consejo de administración de ayer soliviantó los ánimos de la plantilla del ITC. El Ejecutivo preparaba el terreno para lo inevitable acusando al comité de huelga de romper unilateralmente las negociaciones al rechazar la presencia del gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que acudió invitado por la empresa para explicar los detalles de la propuesta de integrar a 105 trabajadores en la Fundación Parque Científico Tecnológico.
Sin embargo, el presidente del comité de empresa, Héctor Mendoza, niega rotundamente las acusaciones del Ejecutivo y las tacha de "burdas mentiras y patrañas" de la consejera Luengo y asegura que es "totalmente falso" que el comité rompiera las negociaciones. Al contrario, Mendoza asegura que los representantes de los trabajadores presentaron una propuesta en la que la plantilla se rebajaba la masa salarial en más de un 20% y se acercaba al equilibrio financiero de la empresa. De hecho, el representante laboral señaló que el propio gerente del ITC, Antonio López Gulías, veía esta propuesta como sólida y viable.
Pero esta propuesta in extremis fue desestimada por los dirigentes de la Consejería y de inmediato fue convocado el consejo para el día de ayer con el fin de dar curso al ERE por unanimidad. "Recuerda la dirección que lleva semanas dialogando con el comité de huelga y, tras intentar disipar todas las dudas a los trabajadores acerca de las condiciones para formar parte de la plantilla de la Fundación Parque Tecnológico de la ULPGC, el comité se ha negado en rotundo a escucharlas y, por tanto, ha decidido la solución más perjudicial para los trabajadores", agrega la Consejería.
Héctor Mendoza explica que la presencia del gerente de la Universidad era "innecesaria" porque se estaba negociando la viabilidad del ITC y no su posible división. El comité de empresa ya ha mantenido contactos con la Universidad para conocer algunos pormenores de la propuesta de la Fundación y el comité mantiene que no se garantiza la estabilidad de los puestos de los 105 empleados que el Gobierno quería traspasar a esa entidad.
La ruptura anunciada por el Gobierno la noche del martes provocó ayer que una parte de la plantilla del ITC acudiera ayer a las puertas de la sede de la Consejería de Industria para protestar por la situación y los trabajadores colapsaron el registro con escritos exigiendo la dimisión de la consejera Francisca Luengo y negando que los trabajadores hayan roto las negociaciones.
Hace ya varios meses que el ERE pendía sobre la empresa pública hasta que se presentaron los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2014, donde el ITC aparece con una plantilla de 89 trabajadores frente a los 165 actuales. Esta situación dio pie a que se diera por sentado que la Consejería de Economía y Hacienda y el sector de CC del Gobierno le habían ganado la batalla al PSC, bajo cuya órbita se encuentra el ITC.
Después de algunas semanas de incertidumbre, la consejera Luengo lanzó su propuesta para evitar el ERE: liquidación del ITC pasando 105 trabajadores, la mayoría de la plantilla de Gran Canaria, y su patrimonio a la Fundación Parque Científico Tecnológico, entidad dirigida por la Universidad y el Cabildo de Gran Canaria. El resto, alrededor de 60, se integrarían en una nueva entidad pública que pasaría a depender de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), que dirige Juan Ruiz Alzola, adscrito directamente a la Presidencia del Gobierno.
Esta fórmula ha sido rechazada desde el primer momento por el comité de empresa, que ve en la misma un desmantelamiento de la empresa pública y una maniobra política por la cual el sector tinerfeño de CC se queda con el control de las políticas públicas de innovación de la Comunidad Autónoma, una de las principales prioridades de los fondos europeos para el próximo periodo 2014-2020.
El presidente del comité, Héctor Mendoza, critica duramente a la consejera de Industria por haber engañado a los trabajadores durante todo este tiempo y por ofrecer una alternativa que supone el "desmembración" del ITC para sustituirlo por un nuevo ente público "sospechosamente con un nombre muy similar y que para nada resuelve los problemas del ITC, quieren quedarse con los fondos europeos y liquidar la empresa", advierte el representante de los trabajadores.
