El debate sobre la reforma de la administración local comenzó hace dos años y se prolongó hasta su aprobación sin consenso en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre. Su reciente entrada en vigor no está exenta de polémica. Los alcaldes alertaron ayer de que el texto deja en el aire las competencias sobre la prestación de los servicios sociales. Los 55 municipios canarios de menos de 20.000 habitantes, los más afectados.
Más de 300 trabajadores y responsables públicos de las corporaciones locales de Gran Canaria asistieron a unas jornadas sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la que pusieron de manifiesto sus múltiples dudas acerca de la aplicación de la norma. El evento, organizado por la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en Ingenio, contó con la participación de expertos de ámbito nacional y se repetirá hoy en Tenerife.
El primer borrador de la reforma se divulgó en febrero de 2012 y le siguieron otros cinco hasta su aprobación definitiva en la Cámara Baja.
En el encuentro de ayer destacó la inquietud de los ayuntamientos por la titularidad de los servicios sociales, competencia que han asumido, pero que la nueva normativa determina que deberá pasar al Gobierno regional a partir del 31 de diciembre de 2015 y, en su caso, el Ejecutivo puede decidir delegarlas.
En la actualidad, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria condiciona que una administración local pueda seguir ofreciendo tareas de teleasistencia, ayuda a domicilio y atención a menores en riesgo y víctimas de violencia de género, entre otras. Con la legislación en la mano los interventores pueden poner reparos a que su consistorio ejecute ahora esas actuaciones.
Lea la noticia completa en la edición impresa de La Provincia, en el PDF del periódico o en Orbyt
