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Caso Europa

Antón niega que pagara comisiones para construir viviendas sociales

El empresario afirma que todo es una "historieta" del exgerente de su empresa y denunciante de la trama

06.02.2014 | 16:19

El principal acusado del "caso Europa", el empresario José Manuel Antón, ha negado este jueves haber pagado comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde para construir viviendas sociales y ha dicho que todo es una "historieta" del exgerente de su empresa y denunciante de la trama.

A preguntas del fiscal en el juicio que se sigue contra él y otros siete acusados por este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antón ha señalado que el exgerente, Francisco José Benítez Cambreleng, que es uno de los imputados, se apropió de los 240.000 euros que supuestamente pagó su empresa, Gestión de Cooperativas Europa (GCE), en comisiones ilegales al Ayuntamiento entre los años 2003 y 2006.

El empresario no ha reconocido el documento que obra en la causa y en el que aparecen esos 240.000 euros en la contabilidad de su empresa como "otros pagos", porque entiende que está manipulado por Cambreleng, para poder "argumentar" su denuncia, al igual que otros muchos documentos con los que pretende justificar su "historieta".

El fiscal Anticorrupción Luis del Río también ha interrogado a Antón sobre su relación con el parlamentario del PP Jorge Rodríguez, al que considera que este acusado contrató para que su empresa lograra introducirse en los ayuntamientos que ese partido gobernaba en Gran Canaria.

José Manuel Antón ha reconocido que contrató en 2001 como abogado a Jorge Rodríguez, pero ha precisado que en 2003 dejó de trabajar para él al incorporarse al Parlamento de Canarias.

No obstante, ha explicado que Rodríguez le prestó "tres servicios esporádicos", ya siendo diputado, uno de ellos para que le hiciera un informe sobre la RIC, porque "los beneficios de sus sociedades se disparaban" y, a su juicio, en Canarias "es de tontos" tener dinero negro, cuando existe este instrumento que permite pagar un 3 por ciento por el Impuesto de Sociedades.

Así mismo, ha dicho que, aunque la misión de Rodríguez no era la de contactar con los ayuntamientos, antes de ser diputado sí le pidió contactos y que como abogado le llegó a acompañar a dos consistorios, al de Las Palmas de Gran Canaria y a otro situado en el centro de la isla.

En el caso de Telde, ha indicado que Rodríguez fue con él para reunirse con el entonces alcalde Francisco Valido, del PP, con el fin de evitar que emprendiera acciones legales contra el Ayuntamiento porque la empresa municipal Urvitel no había cumplido las condiciones del contrato con GCE.

Antón ha dicho también que no recuerda si fue Jorge Rodríguez quien le presentó a la concejal de Viviendas de Telde, María Antonia Torres, ya fallecida y que figuraba como imputada en la causa, pues era la consejera delegada de la empresa municipal Urvitel.

Esta sociedad municipal adjudicó a GCE el asesoramiento, asistencia técnica y gestión de promociones de las 2.000 viviendas de protección oficial que el Ayuntamiento quería construir en seis años. Según el fiscal, GCE consiguió ese encargo pagando comisiones en un concurso "amañado", mientras que Antón ha sostenido en su declaración que se seleccionó a su empresa porque era la mejor.

Antón ha admitido que su plan era lograr pequeños beneficios por cada una de las viviendas que se construyeran, como sostiene el fiscal, pero sin "inflar facturas".

El principal imputado del caso también ha explicado que le llamaron para comunicarle que había sido seleccionada su empresa por Urvitel, a la que previamente había enviado los modelos de pliegos que disponía, pues es una práctica de "todas las administraciones" solicitarlos y después "hacen lo que les viene en gana".

En su caso, cuando les dijeron que habían sido seleccionados hubo que corregir el borrador del contrato porque no recogía todas las condiciones ofertadas, ha indicado el empresario, que ha negado haber pagado comisiones a la concejal fallecida, conocida como Toñi Torres, ni al consejero delegado de Urvitel, Juan Carlos Saavedra, también imputado en la causa.

Antón ha señalado que a los acusados José Luis Mena y Pedro Pablo, que entonces eran los jefes Urbanismo y Patrimonio de Telde, no los conocía personalmente, solo de referencia a través de Cambreleng.

De Mena, en concreto, ha dicho que lo vio por primera vez cuando fue detenido y creyó que era un "guardaespaldas" por su complexión, y de Pedro Pablo, que "lo habían pillado porque pasaba por allí".

Antón ha manifestado que la instrucción de esta causa se ha hecho con unos documentos que se han seleccionados para inculparle.

Así mismo, ha aprovechado para denunciar este jueves ante el tribunal la supuesta desaparición de 10.000 folios de una auditoría que se había hecho sobre la gestión de Cambreleng en su empresa para demostrar que se había apropiado de su dinero.

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