El vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, expresó este viernes su oposición al pago por el acceso a los parques nacionales de las islas o por los servicios básicos que en ellos se presten, aunque se mostró abierto al pago por servicios específicos.
Pérez, consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad, compareció en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento de Canarias, en la que aclaró que el Gobierno canario sí es partidario de que se pueda cobrar por servicios adicionales, como guías especializadas o personalizadas.
El vicepresidente explicó que la Red Canaria de Parques Nacionales, creada en 2011, ha permitido que se hayan desarrollado en cada parque fórmulas de seguimiento y evaluación para promover los fines de conservación, investigación y fomento de su uso público de forma adecuada.
Anunció que el Gobierno aprobará en breve una ampliación del decreto que regula los parques nacionales canarios, en el que se clarificará la posible delegación de la gestión a los cabildos, así como cambios en los patronatos para ampliar la participación de los vecinos de zonas aledañas.
También se permitirá que los patronatos de los parques nacionales no tengan que estar presididos necesariamente por los presidentes de los cabildos, como ocurre ahora, sino que puedan estar al frente personas de reconocido prestigio sin representación institucional para profesionalizar sus actuaciones.
Ese nuevo decreto está pendiente, no obstante, de la decisión de los tribunales respecto al aprobado al final de la pasada legislatura, sobre el que pesa un recurso de nulidad por no haber sido sometido al trámite de exposición pública.
José Miguel Pérez indicó que desde que Canarias asumió las competencias de sus parques nacionales en 2010 se han ido aprobando los procedimientos administrativos para cada uno de ellos, entre los que destacó la adaptación de todo el personal a las escalas y cuerpos de la comunidad autónoma y la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo.
Todo esto ha sido un procedimiento complejo realizado con diálogo y acuerdo que ha permitido realizar ajustes en organización, funciones, retribuciones y regulación de jornada.
Destacó el consejero que los programas de conservación e investigación concentran la mayor parte del presupuesto para los parques nacionales y señaló que pese a la reducción presupuestaria se han potenciado los servicios de información a través de aplicaciones informáticas y se han inaugurado nuevas dependencias, servicios y centros de visitantes.
El Gobierno ha estado trabajando en la redacción de los planes de uso y gestión de cada uno de los parques, de los cuales se ha concluido el de Garajonay y está apunto de terminarse el del Teide.
Pérez informó de que cada vez son más las solicitudes para realizar actividades excepcionales en los parques nacionales, como el rodaje de películas, y señaló que la posición del Gobierno al respecto es muy restrictiva, porque se quiere proteger esos entornos por encima de cualquier otra consideración.
"Es verdad que hay una oportunidad económica en esas actividades especiales, pero hay que tener cuidado porque se pueden llevar por delante el trabajo de años o de siglos" si se ve afectada alguna especie endémica, por ejemplo.
Sobre la gestión insular de los parques, indicó que "hay opiniones para todos los gustos" y en el caso de Canarias hay un cabildo que lo ha solicitado formalmente, el de Tenerife, y otros dos que lo han anunciado.
El Gobierno está buscando alguna fórmula jurídica para habilitar la gestión insular, que en todo caso sería por delegación de la comunidad autónoma y no por transferencia de la competencia.
"Entendemos que la mayoría parlamentaria no pone obstáculos" a esa gestión de los parques nacionales por delegación a los cabildos, dijo el vicepresidente regional, quien señaló que no obstante el ejecutivo mantendrá la Red Canaria de Parques Nacionales.
El vicepresidente consideró positivo el proyecto de ley de Parques Nacionales aprobado por el Gobierno central, que entre otras cosas regula las intervenciones del Estado para casos de emergencia o dejación en la gestión por parte de las autoridades autonómicas.
