El debate sobre la reforma de la ley del aborto se recrudece en el seno del PP y cada día surgen nuevos episodios que expresan el amplio rechazo que la propuesta elaborada por el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, provoca entre los cuadros del partido. La mayoría de los dirigentes y cargos públicos consultados se reconocen sorprendidos por la expresión pública de las disensiones internas, pero casi todos, y en especial las mujeres, dan ya por superado el anteproyecto. La cuestión no está ahora en si se apoya o no la propuesta del ministro, sino en la profundidad de los cambios que se van a introducir hasta llegar, como mínimo, a una ley de supuestos como la de 1985.

Este es el fondo del debate en el que se expresan varias dirigentes y cargos públicos del PP canario en el marco de la polémica surgida por el apoyo de los concejales del PP en San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tacoronte y La Oliva a distintas mociones presentadas por el PSOE solicitando la retirada del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. La presidenta insular del PP de Gran Canaria, María Australia Navarro, intenta restar importancia a la iniciativa de esos compañeros de Gran Canaria y Fuerteventura (28 en total) y asegura que, al menos "por ahora", no se tomarán medidas disciplinarias aunque tampoco descarta abordar internamente la cuestión para evitar nuevos episodios de este tipo. La primera prueba de fuego ante las fugas será esta misma semana en el Parlamento de Canarias, cuando a las diputadas del PP les toque votar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. "Sé lo que piensa todo el grupo parlamentario sobre esta cuestión y nuestra posición será unánime en contra de la moción", señala segura la portavoz popular.

Tras afirmar "no compartir" las críticas de sus compañeros de partido a la reforma de la ley actual de plazos, Navarro avisa que, en cualquier caso, "tampoco hay que darle demasiada importancia, porque este es un tema que no se resuelve en los ayuntamientos".

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