El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, afirmó esta tarde que la decisión de llevar a cabo una consulta popular sobre las prospecciones en busca de petróleo en aguas cercanas al Archipiélago no tiene nada que ver con el proceso catalán para conocer la opinión de los ciudadanos de esa autonomía sobre su modelo de relaciones con el resto de España.
Rivero explicó que el artículo 92 de la Constitución, el 32.5 del Estatuto de Autonomía y el 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias recogen la posibilidad de hacer consultas ciudadanas respecto a cuestiones de interés para la región. El procedimiento, detalló, pasa por trasladar del Gobierno de Canarias al Parlamento regional una petición para llevar a cabo ese referéndum.
La Cámara regional debe aprobar la iniciativa por mayoría absoluta, 31 diputados -el pacto CC- PSOE suma 36-. Si el Parlamento aprueba la consulta sería el Gobierno de Canarias el que debería solicitar al Gobierno de la Nación autorización para llevar a cabo la consulta.
