El TS investigará a Zerolo por un presunto soborno en una recalificación

El Supremo cree que pudo incurrir en un presunto delito de cohecho

10.02.2014 | 14:11

El Tribunal Supremo investigará al senador de CC Miguel Zerolo por los indicios que dos juzgados han encontrado de que pudo recibir sobornos directamente o a través de su familia a cambio de autorizar como alcalde de Santa Cruz de Tenerife una recalificación urbanística en el año 2004.

En un auto hecho público hoy, el Supremo se declara competente para asumir la instrucción de estos hechos, que pueden constituir un delito de cohecho y que se derivan de las indagaciones realizadas por la Audiencia Nacional y por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de una serie de documentos incautados en un registro a la sede de Fórum Filatélico.

Este es el tercer caso que se abre en el Supremo contra Zerolo, senador por designación del Parlamento de Canarias, por su gestión al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (1995-2011).

También se le investiga por una malversación millonaria en la compra por parte del Consistorio de los terrenos anexos a la playa de Las Teresitas y por prevaricación en la contratación, aparentemente irregular, de unas obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas del Ayuntamiento en 2003.

El Supremo ha revelado hoy que los documentos incautados hace ocho años por el Juzgado Central de Instrucción número 5 al registrar la sede de Fórum Filatélico ponen de manifiesto posibles delitos en operaciones inmobiliarias en Santa Cruz de Tenerife.

Uno de ellos se refiere a la concesión administrativa para construir el nuevo muelle deportivo del Puerto de La Cruz y otro, el que implica a Zerolo y a otras personas no aforadas, a una recalificación de parcelas en el Valle de Tahodio.

Entre esos documentos, el Juzgado Central número 5 halló una "nota confidencial de pagos" comprometidos por la empresa Parque Marítimo Anaga (PMA) a varias personas, con estos presuntos compromisos: a Miguel Zerolo, una aportación de tres millones de euros "a la formación política que representa", y al entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Luis Suárez Trenor, "el 50 % de las obras a ejecutar" por parte del puerto.

También se describe el supuesto compromiso de pagar 60.000 euros al presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga y 30.000 euros anuales a la asesora urbanística Herminia Gil.

Las diligencias practicadas en la Audiencia Nacional pusieron además de manifiesto que "durante la tramitación del PGOU (plan general de ordenación urbana de Santa Cruz de Tenerife) se cometieron diversas irregularidades para acomodarlo a los intereses de (el empresario) José Ana Pérez Labajos, que actuaba como cabeza visible de la entidad Parque Marítimo Anaga (PMA), a pesar de haber cesado su vínculo con esa entidad".

Revelaron asimismo que, en las fechas en las que se gestionaba esa operación, Pérez Labajos vendió a la hermana del alcalde de la capital tinerfeña una vivienda a la mitad de su precio real (154.545 euros, cuando la Policía la tasa en 330.141).

El contenido de los documentos que la Audiencia Nacional remitió a los Juzgados de Tenerife también apuntaba "la actividad directa de D. Miguel Zerolo Aguilar para que se llevara a cabo el convenio a fin de lograr la reclasificación de los terrenos mencionados dentro del PGOU", con el resultado de que la empresa PMA logró finalmente "aumentar considerablemente la superficie edificable".

El Supremo acepta que los indicios que señalan a Miguel Zerolo se separen del resto del sumario que ahora tramita el Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife y que se abra una causa en su Sala de lo Penal contra él por un posible delito de cohecho, que instruirá el magistrado Andrés Martínez Arrieta.

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