La consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas tendría un coste para los bolsillos de los canarios de unos 5,3 millones de euros. De ser autorizada por el Gobierno central, se tendría que convocar entre finales de agosto del presente año y febrero del 2015. La Ley Orgánica de 1980, que regula las distintas modalidades de referéndum, no permite consultas 90 días antes ni después de la celebración de elecciones.

Los comicios europeos serán el próximo 25 de mayo y las autonómicas en mayo de 2015, con lo que las cuentas del Gobierno canario son claras. "Es imposible que sea antes de las elecciones europeas", reconoció ayer el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, en el supuesto de que Mariano Rajoy autorice la consulta.

El presidente canario calcula que la propuesta de su Ejecutivo sobre la celebración de un referéndum para conocer lo que opinan los ciudadanos de las prospecciones de Repsol en aguas cercanas a las Islas se debatirá en el próximo pleno del Parlamento regional, el 25 de febrero. Una vez se apruebe con la mayoría absoluta de los partidos que conforman el Gobierno autónomo -Coalición Canaria y el PSOE-, además de Nueva Canarias, la petición de la consulta popular viajará a Madrid "al día siguiente", afirmó Rivero. "La última palabra de autorizarla está ahora en el Gobierno de España", expuso al respecto Francisco Hernández Spínola, consejero de Presidencia del Ejecutivo canario y vicesecretario general del PSC, quien no quiso cuantificar el coste del referéndum para las arcas canarias. "Ahora estamos en una primera fase y ya se verá si lo autorizan", subrayó. No obstante, podrían estudiarse alternativas telemáticas para abaratar los costes, indicó.

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