El Gobierno de Canarias ha autorizado el abono de oficio a todos los empleados públicos autonómicos de la parte proporcional devengada de la paga extraordinaria de 2012 suprimida por el Gobierno de España. El Consejo de Gobierno ha definido el procedimiento que se llevará a cabo para proceder al pago, que requiere aplicar modificaciones presupuestarias para hacer factible el abono con cargo a los fondos que ya están reservados para este fin en el Presupuesto de 2014. Los 60.000 empleados públicos cobrarán la cuantía correspondiente junto con la nómina del mes de abril.
El Ejecutivo ha estimado conveniente proceder al abono de oficio, tras el pronunciamiento favorable de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma solicitado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad tras conocerse el contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dictada en el mes de diciembre. La Sala de lo Social del TSJC en esta resolución reconocía a 7.126 empleados en régimen de personal laboral el derecho a percibir parcialmente la paga que el Real Decreto Ley 20/2012, de 14 de julio, suprimió a todos los empleados públicos de España.
La voluntad expresada públicamente por el Gobierno de Canarias siempre fue proceder a la devolución de esta parte devengada de la paga a todos los trabajadores de la Administración autonómica, aproximadamente 60.000 personas, ya que el Ejecutivo siempre entendió que el efecto retroactivo que el Gobierno de España aplicó a la medida no se ajustaba a derecho, aunque "la vigencia de una ley básica de obligado cumplimiento impedía hacer el pago hasta no contar con sentencia judicial aplicable en el ámbito territorial de Canarias.
El Gobierno considera que la sentencia del TSJC es justa y que la aplicación de su contenido a todo el personal de la comunidad autónoma, admitida por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias y autorizada por el Gobierno de Canarias, evita la generación de desigualdades injustificadas entre los empleados públicos que se vieron igual de afectados por una decisión errónea del Gobierno de España.
Siendo éste el criterio del Gobierno de Canarias, en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2014 se consignó una cuantía suficiente para afrontar el pago parcial de esta paga, previendo que algún tribunal dictara sentencia reconociendo este derecho a los empleados públicos en el ámbito autonómico. La dotación presupuestada asciende a 28,3 millones de euros, lo que permitirá cumplir con la resolución judicial sin provocar desequilibrios deficitarios en las cuentas autonómicas.
