El Gobierno canario está totalmente seguro de la constitucionalidad de la Ley de Renovación y Modernización Turística y cree que aún hay margen para la negociación, ya que el plazo para presentar el recurso finaliza en unas dos semanas. Pese al anuncio del ministro Soria de que el recurso se va a presentar pase lo que pase, el Comisionado para el Autogobierno, Fernando Ríos, considera que las posturas entre las dos administraciones se habían acercado desde el punto de vista jurídico y que esta semana habían quedado emplazados para una nueva reunión de la comisión bilateral.
Según Ríos, el Ejecutivo autonómico está dispuesto a realizar modificaciones para hacer hincapié en que las limitaciones a nuevos hoteles se deben a aspectos relacionados con el consumo de suelo y los valores medioambientales. "El argumento del PP pierde contundencia a la hora de poner las estrellas y entendemos que este argumento no debe ponerse en la ley sino en el reglamento que la desarrolle", mantiene el representante de Presidencia del Gobierno.
Fernando Ríos ofreció la mano tendida del Ejecutivo regional hasta final de mes para alcanzar algún tipo de solución pero con el convencimiento de que la ley es constitucional. "Puede ser que requiera una aclaración para que se refuerce la idea de que los condicionantes se ajustan a la normativa europea de servicios", admitió.
Si el Estado presenta el recurso y solicita la suspensión del artículo 4 de la ley se abre un periodo de cinco meses de vacío legal, plazo para que el Constitucional decida si se suspende definitivamente o no. Ríos despeja cualquier tipo de duda sobre la posibilidad de que en este periodo se puedan presentar proyectos de cuatro estrellas. Ante ello, el Gobierno canario estudia todas las alternativas posibles para impedirlo.
