El 70% de las familias con alquiler social no paga los menos de 90 euros de cuota

El Gobierno tiene como arrendatarias a cerca de 7.000 familias en las Islas

20.02.2014 | 02:10

El 70% de las 17.000 familias que residen en viviendas de alquiler social en Canarias tienen problemas de impago. Es decir, alrededor de 12.000 no tienen recursos para abonar los entre dos y 90 euros mensuales que fija la Consejería de Vivienda como cuota en función de la renta familiar.


La consejera del área, Inés Rojas, compareció ayer en comisión parlamentaria a petición del Partido Popular, y anunció que desde 2008 se han iniciado 3.409 expedientes de desahucio de viviendas sociales, pero solamente ha llevado a cabo 73 lanzamientos, y los motivos de los mismos nunca fueron por problemas económicos, sino por otros motivos, como "ocupaciones ilegales o abandono de las viviendas por parte de los inquilinos".


Rojas señaló que el Gobierno de Canarias se ha adaptado a la situación actual y, "desde agosto de 2012, la directriz es que ninguna familia sea desalojada si no pueden pagar". Otra cosa es, según la consejera, que puedan hacerlo y no lo hagan, porque en ese caso se producirá el desalojo porque hay muchas familias que no pueden pagar un alquiler y no hay viviendas para todos. Por ello, instó a todas aquellas familias que tengan deudas a que "regularicen" su situación y abonen lo que puedan en el caso de que su situación se lo permita.


De las 12.000 con deudas en el alquiler 9.600 se gestionan a través del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) y 2.200 las sociedad pública Visocan.


Rojas recordó que Canarias es la Comunidad Autónoma, después del País Vasco, con un mayor parque de viviendas sociales: unas 45.000 de las que cerca del 80% ya son propiedad de las familias adjudicatarias gracias a las ofertas del Gobierno que las ha ido sacando a la venta por precios que rondan los 11.000 euros y de los que se descuentan las cantidades abonadas durante el periodo en el que estuvieron en régimen de alquiler.


La diputada del PP Milagros Bethencourt reprochó al Ejecutivo que mantenga un millar de casas sociales vacías cuando hay lista de cerca de 37.000 familias demandantes de vivienda y pese a ello "se embarque en una modificación de la Ley de Vivienda" para expropiar temporalmente viviendas vacías a los bancos.

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