Canarias tiene una escasa experiencia en la organización y celebración de consultas populares como la que pretende realizar el Gobierno regional sobre las prospecciones petrolíferas. De hecho, sólo en el ámbito municipal se ha celebrado una autorizada en San Bartolomé de Lanzarote, mientras que en Puerto del Rosario se convocó un plebiscito pero no llegó a celebrarse. Los canarios han sido convocados en dos ocasiones por el Gobierno español a referéndum desde la aprobación de la Constitución: el de la entrada en la OTAN de 1986 y el de la Constitución Europea de 2005. En las Islas no se han celebrado referendos de ámbito autonómico como sí lo han hecho comunidades como Andalucía, Galicia, Cataluña y el País Vasco.
En el ordenamiento jurídico español las consultas populares no son vinculantes pero sí condicionan la decisión final del Gobierno o Corporación municipal sobre el asunto que se somete a consulta. La ley que regula el referéndum, de 1980, establece que cualquier tipo de referéndum para que sea legal tiene que pasar por la autorización del Consejo de Ministros.
La Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local posibilita en el artículo 71 que los ayuntamientos puedan solicitar y organizar consultas populares de temas de especial relevancia para los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local. Durante la etapa democrática el Gobierno central ha denegado más consultas que autorizaciones ante peticiones de los ayuntamientos. Los últimos datos reflejan que se han autorizado 24 consultas para temas estrictamente locales y se han denegado 36 peticiones.
En el caso de Canarias, en 2005 se dio el visto bueno a dos consultas solicitadas por los ayuntamientos de Puerto del Rosario y San Bartolomé de Lanzarote. En el primer caso era para conocer la opinión de los vecinos sobre la construcción del frente marítimo del municipio, mientras que la Corporación lanzaroteña quería consultar la posibilidad de ampliar el nombre del municipio con un topónimo aborigen (San Bartolomé de Ajei). La capital majorera no celebró finalmente la consulta por su elevado coste económico, mientras que el ayuntamiento lanzaroteño sí celebró el referéndum y los vecinos se negaron a añadir el término aborigen, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a mantener el mismo nombre. La Corporación se gastó más de 4.000 euros en el referéndum, que se celebró en 2006.
En Los Llanos de Aridane se estuvo barajando hasta hace poco la posibilidad de convocar una consulta sobre la privatización del servicio de abastecimiento de agua, que finalmente ha sido descartada por el grupo de gobierno.
El profesor de Derecho Administrativo de la ULPGC, Manuel Sarmiento, explica que en Canarias no se ha aprobado normativa sobre la materia, si bien el Parlamento autónomo aprobó en 2010 la ley canaria de fomento de la participación ciudadana, pero para el estricto ámbito de la Administración autonómica, no para la local. En cambio, hay otras comunidades, como Madrid, Galicia, Cataluña, Aragón, etcétera, que sí han aprobado normativa específica y que prevén un informe de la comunidad autónoma acerca de la consulta.
