Canarias se niega a llevar a cabo un proceso de fiscalización de los fondos del Plan E de Zapatero que aún quedan pendientes por resolver pese a las reclamaciones que le está haciendo en ese sentido el Estado. La Comunidad Autónoma no tiene previsto responder al requerimiento que ayer aprobó el Consejo de Ministros sobre esta materia y muy probablemente dejará que sea el Tribunal Constitucional quien dictamine, según señalaron ayer fuentes del Gobierno autonómico.

La Administración central pretende que sean los órganos de control financiero y presupuestario de Canarias quienes, en el plazo de un mes, asuman la competencia de control y gestión de los expedientes pendientes del Fondo Estatal de Empleo y Sostenibilidad Local (Feesl), creado por decreto en 2009 y dotado con 5.000 millones para el conjunto del Estado. Canarias obtuvo 224,4 millones para financiar los más de 950 proyectos aprobados, pero 26 de ellos no se han completado por diferentes incidencias y están pendientes de comprobación, ejecución o prórroga de esos fondos, o en su caso devolución al Estado. De hecho, la Comunidad Autónoma asegura no disponer de esos expedientes, ni de documentación alguna sobre los proyectos municipales que fueron beneficiados, ni de los fondos que les remitió el Gobierno central en su momento.

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