El Ejecutivo canario presentará alegaciones al borrador de la resolución mediante la que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dará luz verde definitiva a los sondeos de Repsol a entre 50 y 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, afirmó ayer que los ciudadanos no han tenido acceso a la documentación que tuvo que aportar la petrolera desde que se cerró el plazo de exposición pública del estudio de impacto ambiental, lo que, a su juicio, constituye un "vicio de nulidad".

En octubre del pasado año se cerró el periodo de tiempo durante el que pudo consultarse el mencionado estudio de impacto. Desde entonces, el Ministerio de Medio Ambiente exigió a la multinacional petrolera la remisión de diversos documentos antes de emitir su declaración de impacto ambiental favorable el pasado 29 de mayo.

Durante esos meses, Repsol "prácticamente aportó más cosas nuevas de las que había", señaló Ríos. Sin embargo, "no se abrió un nuevo periodo de información pública", continuó el comisionado, que además detalló que la totalidad de la información medioambiental tiene que someterse al juicio de los ciudadanos. En esa omisión de "un trámite esencial" basará el Gobierno de Canarias las alegaciones por las que solicitará la anulación del proceso.

Salud y medio ambiente

Fernando Ríos explicó que la normativa europea protege el derecho de los ciudadanos a conocer la totalidad de las actuaciones públicas susceptibles de dañar su salud o el medio ambiente. "Las prospecciones pueden afectar a la potabilización de agua y a la Red Natura 2000, hay movimientos sísmicos...", enumeró el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno de las Islas. Según sus cálculos, se trata de cientos de folios que no han podido conocer los ciudadanos.

También el fondo de la cuestión recibirá alegaciones desde el Gobierno de Canarias, por cuanto el Ministerio de Medio Ambiente ha dado "por buena toda la información que aporta Repsol, cuando hay informes de otros departamentos, como [la Dirección General de Sostenibilidad de las] Costas [y del Mar] y el Cedex" (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), que la cuestionan.

"Ni siquiera contrasta las opiniones y eso también lo vamos a poner sobre la mesa", señaló Fernando Ríos, quien en resumen resaltó que continúan"existiendo muchas deficiencias" en la tramitación, mientras que a la hora de abordar el fondo del asunto, el Ministerio de Medio Ambiente, primero con Arias Cañete y después con García Tejerina, "ha mirado para otro lado".

Tras conocerse el pasado 24 de junio el rechazo del Tribunal Supremo (TS) a los siete recursos presentados por instituciones y organizaciones ecologistas contra los sondeos, el Ejecutivo autónomo anunció su intención de reclamar ante la Audiencia Nacional medidas cautelares en el mismo momento en que la resolución del Ministerio de Industria sea firme.

Otra vía que exploran es la de presentar un incidente de nulidad ante el propio TS ante la división de los miembros de la sala. Dos de los cinco magistrados optaron por admitir los recursos. Incluso podrían llegar hasta el Tribunal Constitucional argumentando una vulneración de la tutela judicial efectiva.

También incrementará la intensidad de sus comunicaciones a las autoridades europeas en contra de los sondeos de Repsol. La reclamación que ya se presentó ante la Comisión Europea (CE) se verá engrosada en breve con la declaración de impacto ambiental (DIA). Además, el nuevo Parlamento europeo nacido de las elecciones del 25 de mayo, en concreto la Comisión de Peticiones, retomará el análisis de esta cuestión.

Tampoco se descarta presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo, también con base en la división de los magistrados del TS a la hora de fijar postura.

Por su parte, el presidente Paulino Rivero, continuará reuniéndose con los socios de referencia de Repsol. Lo hizo el lunes de esta semana con Manuel Manrique, presidente de Sacyr, al que el jefe del Ejecutivo canario describió como dispuesto a promover un consenso entre Madrid y las Islas. El día 21 se encontrará con Isidro Fainé, presidente de Caixabank. Mientras, el Ejecutivo mantiene su intención de celebrar un referéndum para que los canarios se pronuncien.