El Gobierno canario pedirá la suspensión cautelar de las prospecciones

El comisionado dijo en declaraciones a EFE que el Ejecutivo regional "esperaba" que el Ministerio de Industria publicase en agosto la autorización a los sondeos en aguas próximas a Canarias, lo que el Gobierno autonómico "rechaza en la forma y en el fondo".

"Es una tomadura de pelo más del ministro Soria a los canarios", dijo Fernando Ríos, quien calificó de "cinismo" la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado de la autorización a Repsol porque, añadió, el plazo para presentar alegaciones finalizó el pasado viernes "para algunas partes".

De ello se deduce, continuó Ríos, que ha habido "muy poco tiempo" para analizar las alegaciones y si se hubiesen estudiado "la consecuencia lógica hubiera sido retrotraer todo el expediente al principio", pues el Gobierno canario entiende que hay defectos formales "muy graves" que invalidan todo el procedimiento.

En consecuencia "no sólo no se lo han leído sino que ni siquiera han contestado", argumentó el comisionado para el desarrollo del autogobierno, quien aseguró que el ministro de Industria "se está riendo de todos los canarios".

Añadió Ríos que el Gobierno autonómico continúa preparando su rechazo a los sondeos petrolíferos por la vía judicial pero también por la política y social, y en la política se incluyen las iniciativas parlamentarias y el recurrir a instancias europeas "y a la ONU si fuese necesario".

Cuando la resolución del expediente de las prospecciones sea firme el Gobierno canario pedirá la suspensión cautelar ante los tribunales que, en materia de medio ambiente, suelen ser proclives a aceptar esta demanda, agregó.

Recordó Fernando Ríos que en mayo el Tribunal Supremo avaló las prospecciones por tres votos a favor y dos en contra, lo que calificó de victoria "pírrica", y consideró que los magistrados "disidentes" dictaron un voto particular con argumentos "muy contundentes".

Por lo tanto jurídicamente no está claro que el aval a los sondeos "tenga la razón y por ello vamos a seguir recurriendo ante los tribunales".

En cuanto a si la autorización a Repsol puede adelantar la consulta popular que planea el Gobierno canario sobre este asunto, Fernando Ríos dijo que esa decisión la debe adoptar el presidente Paulino Rivero "oídas las partes" pero, en principio, el marco normativo necesario para efectuar esta iniciativa culminará en septiembre.

Ello implica que desde finales del próximo mes o principios de octubre el presidente canario puede convocar la consulta "cuando considere oportuno".

En opinión del comisionado, el Gobierno central y el ministro de Industria en particular "están perdiendo la batalla social" contra las prospecciones y eso lo sabe igualmente el PP, que tiene "un grave problema y por eso quieren resolverlo cuanto antes". EFE

LUENGO

El Gobierno de Canarias "va a hacer todo lo que esté a su alcance" para tratar de impedir que se lleven a cabo finalmente las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas cercanas a las islas, ha asegurado este miércoles su consejera de Industria, Francisca Luengo (PSOE).

"La misión fundamental, cuando se gobierna, es defender los intereses de Canarias y de los canarios, no de una empresa privada como es Repsol. Y los intereses generales pasan en este momento, en Canarias, por defender, por los caminos que nos ofrece el ordenamiento jurídico, el no a las prospecciones petrolíferas", ha declarado Luengo.

La consejera ha hecho estas afirmaciones al ser preguntada por la publicación hoy en el Boletín Oficial del Estado de una resolución del Ministerio de Industria por la que se autoriza a la compañía petrolera a efectuar hasta tres sondeos en busca de hidrocarburos en las aguas que separan Canarias de Marruecos.

Una iniciativa ante la cual ha dicho que "exige una explicación" al ministro de Industria, el también canario José Manuel Soria, presidente del Partido Popular en el archipiélago.

A su juicio, Soria "tiene que explicar por qué y a cambio de qué se empeña en favorecer a Repsol, a una empresa privada, en contra de todos los que habitamos en el archipiélago canario".

Francisca Luengo ha sostenido que esa explicación es necesaria porque "el único beneficiario de los recursos, si es que los hay, es una empresa privada, frente a todo un archipiélago, frente a toda una población que, de tener algo, tendrá los posibles perjuicios, los posibles vertidos o las posibles consecuencias negativas" de esos sondeos y de la eventual extracción de hidrocarburos.

Por ello, ha opinado que el motivo por el que el departamento que encabeza Soria ha autorizado los sondeos "no tiene nada que ver con los argumentos jurídicos ni técnicos" que ha esgrimido para justificar su proceder sino con otras razones.

"Razones que las conoce el ministro, y que debe explicarlas a Canarias y al pueblo de Canarias", ha sentenciado.

La consejera ha insistido en cuestionar la legitimidad de la actuación de Soria, señalando que desde que tomó posesión como ministro "trajo dos encargos y los hizo de manera inmediata": el primero de ellos "acabar con las energías renovables", con "una política contraria a lo que se había hecho hasta ese momento", y el segundo, autorizar los proyectos de Repsol.

Y ha lanzado la pregunta de si "no será que precisamente por esto es ministro", reiterando que, por todo lo expuesto, Soria debería explicar "por qué y a cambio de qué está haciendo esta política".

Además, Francisca Luengo ha considerado que lo sucedido pone de manifiesto que "el PP considera a Canarias un archipiélago de segunda frente al balear". "Es una pena", ha añadido.

La consejera ha criticado, en especial, la actitud de los representantes de ese partido en las islas, porque "el presidente del Gobierno balear, del PP, se pone la camiseta del 'no al petróleo' y aquí los representantes del PP, que quieren representar, además, los intereses de Canarias y a los canarios, persiguen a los que se ponen la camiseta del 'no al petróleo'".

Luengo ha restado, además, valor al hecho de que la autorización condicione los sondeos a que la compañía petrolera tengan que depositar 60 millones de euros de fianza para costear los daños de posibles vertidos asegurando que, si estos se produjeron, "no hay dinero que lo pague" y que, "desde luego, tengan por seguro que Repsol no lo iba a pagar". EFE