Han tenido que pasar 4.981 días para que el litigio sobre las prospecciones petrolíferas dé uno de sus últimos pasos. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde que en diciembre de 2001 el Ministerio de Industria y Energía otorgara a Repsol los permisos de investigación de hidrocarburos en las parcelas denominadas ´Canarias 1 a 9´ junto a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Después vinieron recursos, manifestaciones y muchas declaraciones. Y al final, el pasado lunes, el caso volvió al mismo punto al que empezó. Industria autorizó a la petrolera a que comience los sondeos que determinarán si el fondo oceánico canario posee hidrocarburos.
Era viernes, 21 de diciembre, cuando el Consejo de Ministro del entonces Gobierno de José María Aznar concedió mediante el Real Decreto 1462 / 2001 el permiso a Repsol para investigar en nueve parcelas marítimas. El ministro Portavoz, Pío Cabanillas, fue el encargado de informar de que se daba la concesión única a Repsol para realizar las catas y con posterioridad explotarlo si se hallaba petróleo o gas.
Por aquella época, el tema apenas generaba conflicto entre el gobierno estatal y el regional. En Canarias, cuyo Ejecutivo estaba formado por CC -con Román Rodríguez como presidente- en solitario con el apoyo del PP, se veía con buenos ojos la llegada de una nueva vía de negocio para las Islas. El entonces portavoz del gobierno regional, Pedro Quevedo, calificaba de "interesante" para el Archipiélago las prospecciones por los beneficios que podían generar.
Sin embargo, comenzaron a aparecer las primeras discrepancias. Pocos meses después, en marzo de 2002, tanto el Cabildo de Lanzarote como el PSC-PSOE de la Isla presentaron un recurso contra el Real Decreto debido a la falta de control medioambiental, además de considerar que existía riesgo en los trabajos a realizar cerca de las costas de las islas más orientales del Archipiélago. Y el Tribunal Supremo falló en 2004 a favor de la institución isleña, por lo que se procedió a suspender el permiso a la petrolera.
A pesar de ello, desde el Gobierno de Zapatero se continuó con la política que el Ejecutivo precedente mantuvo. El presidente apoyó esta decisión en "el enorme interés económico y estratégico de este tipo de proyectos de investigación", basándose en la dependencia que el estado español tenía, y tiene, del exterior con estos recursos naturales. Por lo que estaba dispuesto a modificar el Real Decreto para incluir las medidas de protección ambiental con las que cumplir con la sentencia del alto tribunal.
A ellos se unían los miembros del ejecutivo regional, como José Alberto Díaz (CC), director general de Medio Ambiente del Gobierno Canario, quién en octubre de 2004 indicó en el programa Contrapunto de Televisión Española en Canarias que estaban a favor de las prospecciones, siempre que cuenten con la máximas garantías medioambientales exigibles, porque, en su opinión, era la única forma de comprobar "si hay algo, qué es lo que hay y en qué cantidad".
Por su parte, Paulino Rivero, presidente de CC, comenzó a hablar por esas fechas de una consulta para que los canarios decidieran si se realizaban las prospecciones o no, además de exigir que el nivel de riesgo fuera el más mínimo. "Vamos a ser contundentes y exigentes para garantizar que las prospecciones no suponen un elemento de contaminación para nuestras costas, que el nivel de riesgos sea cero", dijo.
El tema se fue enfangando. Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura mostraron su fuerte oposición, mientras pedían a Adán Martín, por entonces presidente del Gobierno de Canarias, que declarara públicamente su posición ante las catas. Aunque el ejecutivo regional prefirió utilizar la polémica para pedir como condición a la aceptación de los trabajos la creación de un nuevo Estatuto de Autonomía que le diera las competencias sobre las aguas territoriales. "El expediente está paralizado y habrá que esperar a que se reforme el Estatuto de Autonomía, porque reivindicamos las competencias de esa materia", aseguró el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel. Pero en 2007, el Gobierno central dejó claro que la competencia en el mar era exclusiva del Estado. Lo hizo mediante la modificación de la Ley de Hidrocarburos de 1996.
Después el tema quedó en el olvido. Apenas hubo interés por retomar las prospecciones petrolíferas en el Archipiélago. Hasta que el 22 de diciembre de 2011 José Manuel Soria fue designado por Mariano Rajoy como ministro de Industria. El asunto ya salió en la primera reunión que mantuvo Soria con el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, el 2 de enero de 2012. Según apuntó el ministro días después en una entrevista a LA PROVINCIA, en ese encuentro "se mostró [Rivero] a favor de que llevaran a cabo las prospecciones y era partidario de que Canarias se beneficiara de los ingresos del petróleo y que se hiciera a través de una modificación del Régimen Económico y Fiscal con un tributo creado a tal efecto".
Reactivar el Real Decreto
Ya el 31 de enero de 2012, José Manuel Soria anunció su intención de "reactivar" el Real Decreto para volver a poner en marcha la posible explotación del fondo oceánico canario para conocer si allí existen bolsas con petróleo o gas. "España no puede permitirse el lujo" de no aprovechar los recursos energéticos, afirmó Soria en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde también predijo que a 50 millas de Lanzarote y Fuerteventura había "mucho y del bueno", refiriéndose a los hidrocarburos.
Entonces, el actual ministro comenzó su defensa a realizar los sondeos en aguas canarias para comprobar la existencia de petróleo o gas. El primer paso fue conceder el permiso a Repsol. El caso volvió al Consejo de Ministros, como ya lo hiciera once años atrás. Y lo hizo con el mismo resultado. El Gobierno aprobaba el 16 de marzo el Real Decreto que convalidaba las prospecciones petrolíferas, a pesar de que tanto los cabildos como el ejecutivo regional mostraron su rechazo por motivos medioambientales y también por la afección que podría provocar al turismo.
A pesar de la aprobación, Industria modificó el decreto para obligar a Repsol a elaborar un estudio de impacto ambiental, en el que también tendría que incluir un plan de gestión con medidas preventivas y correctivas y otro de contingencia, en el que debía especificar las medidas a adoptar en caso de derrame.
Desde Canarias, tanto cabildos como el Gobierno regional presentaron los recursos. El Tribunal Supremo rechazó en dos ocasiones suspender los permisos a Repsol. Por su parte, Rivero acudió a Bruselas para avisar de que las prospecciones vulneraban dos normativas comunitarias, la de Hábitat y la de Planificación y Desarrollo; por lo que Europa pidió explicaciones a España sobre las denuncias.
Todo fue en balde. Llegaron los varapalos judiciales para las instituciones contrarias a los sondeos. Primero fue el Tribunal Constitucional, que el 5 de febrero de 2013 falló que las competencias para autorizar los trabajos en aguas españolas era del Estado. El 29 de mayo de ese mismo año el Tribunal Supremo rechazó por tercera vez suspender los permisos a Repsol. Aunque también llegaron noticias desalentadoras para quienes apoyaban las catas. Las prospecciones que se realizaron en la costa marroquí, cerca de Lanzarote y Fuerteventura, siempre tenían el mismo resultado: no había crudo.
Rivero en febrero de 2014 promovió la consulta que ya había adelantado en 2004. Por ello, pidió autorización al Consejo de Ministros para iniciarla, aunque esta fue rechazada por el Congreso.
Uno de los grandes golpes a las aspiraciones por evitar las catas fue la aprobación del impacto ambiental realizado por Repsol. La noticia llegó el Día de Canarias. Ello motivó manifestaciones en las principales ciudades canarias, en las que participaron más de 100.000 personas. A ello se unía la desestimación por parte del Tribunal Supremo de los siete recursos planteados contra el decreto de marzo de 2012.
Esos dos varapalos se unen a la aprobación de Industria del lunes. Aunque, probablemente, ello conllevará a nuevos pleitos que interpondrán desde las instituciones insulares para alargar aún más un proceso que ya dura 13 años.
