El Gobierno canario está convencido de que los dos decretos aprobados para posibilitar la convocatoria de una consulta popular relativa a las prospecciones petrolíferas se han elaborado "desde el cumplimiento estricto de la legalidad vigente", según ha dicho este viernes su presidente, Paulino Rivero.

El presidente canario, de CC, ha salido así al paso del anuncio del Gobierno central, del PP, de que recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Constitucional (TC) después de que hoy el Consejo de Ministros apruebe previsiblemente la medida, y ha afirmado que "son razones de tipo político" las que tratan de frenar la iniciativa de su Ejecutivo.

Rivero ha señalado que no conoce el contenido del dictamen aprobado ayer por el Consejo de Estado y en el que se apoyará el Gobierno central para presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional de los dos decretos aprobados por el Gobierno canario para desarrollar el reglamento de la Ley de Participación Ciudadana, y convocar la consulta.

Ha recordado que el Gobierno Autónomo, además con la aprobación del Parlamento de Canarias, solicitó al Ejecutivo estatal la convocatoria de un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas cercanas a las islas y que, ocho meses después de esa petición, "no ha dado una sola respuesta".

Por ello, ha señalado que el Gobierno de Canarias, a partir de la Ley de Participación Ciudadana, ha decidido formular una consulta a los ciudadanos de las islas, porque tiene competencia para ello.

En relación a la suspensión cautelar de esta consulta, convocada para 23 de noviembre, que previsiblemente se solicitará en el recurso, Rivero ha afirmado que "el Gobierno no acepta que por razones de tipo político se esté impidiendo que los canarios hablen", pero que será "respetuoso con el ordenamiento jurídico".

Rivero confía también en que la sociedad canaria se sensibilice aún más para impedir que se ponga el riesgo el futuro de las islas "para beneficiar a una empresa privada".

El presidente ha insistido en que su Gobierno ha actuado conforme a la ley y que desde el Ejecutivo del Estado se pretende "silenciar la voz de Canarias", y ha recordado que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante.

En este sentido, se ha referido a que cuando el Gobierno central recurrió la Ley de Renovación Turística Canaria ante el TC y logró paralizarla cinco meses, también conforme a lo dictado por el Consejo de Estado, el Alto Tribunal acabó por darle la razón a la Comunidad Autónoma.

Así mismo, ante el recurso anunciado por el Gobierno del Estado, Rivero ha afirmado que su Ejecutivo "seguirá peleando" desde los ámbitos social, político y jurídico para evitar las prospecciones.

En cuanto a la consulta anunciada por los colectivos ecologistas y sociales de las islas que se oponen a las prospecciones petrolíferas en caso de que se anule la promovida por el Ejecutivo, Rivero ha afirmado que cuenta con "la simpatía del Gobierno de Canarias".

Y ha lamentado que se siga tratando a las islas como una "colonia", "no dejando que se expresen los canarios y silenciando su voz", y ha dicho que el Gobierno de España tendrá que explicar "los intereses que hay detrás" de la autorización de estos sondeos.