El Gobierno de Canarias se desmarcó ayer de la amenaza de la plataforma antipetróleo de realizar una consulta popular aunque el Tribunal Constitucional la suspenda y afirmó que el Ejecutivo "siempre va a actuar dentro del estricto cumplimiento de la legalidad". El viceconsejero de Presidencia, Jorge Rodríguez, expuso que si bien el Ejecutivo valora "mucho que los colectivos sociales denuncien el atropello" del Ministerio de Industria y de Repsol, "el Gobierno no va a incumplir la ley". Ante el anuncio de la Coordinadora contra las Prospecciones Petrolíferas de que la consulta se hará "sí o s í", tras reunirse el pasado miércoles con el presidente Paulino Rivero, el Gobierno canario quiso dejar claro que no apoyará ninguna medida en ese sentido. En el caso de que el TC suspenda la consulta, el Ejecutivo se reunirá para analizar las consecuencias, aunque ya ha anunciado que en ese supuesto la retrasaría hasta transcurridos los cinco meses que dura como máximo la paralización. Tras el Consejo de Gobierno, Rodríguez consideró además que los empresarios no han entendido bien lo que quiso decir Rivero sobre los beneficios que obtendrían Sacyr y Caixabank, socios de Repsol, en caso de descubrirse petróleo. "El presidente se limitó a describir un hecho y es que si se encuentran hidrocarburos los beneficiarios van a ser los accionistas de Repsol y los canarios no veremos ni un duro", señaló, y recalcó que el Gobierno de Mariano Rajoy dice "una media verdad" porque cuando se concede una licencia de investigación también se le otorga a la empresa los derechos de explotación de lo que encuentre. Flora Marimón
