Montserrat García: "En Fuerteventura hay menores fugados de centros que ejercen la prostitución"

Sí, permanecemos en los niveles de 2012. Fundamentalmente delitos patrimoniales y mucha violencia en el ámbito familiar. Donde sí hemos notado un incremento notable es en los delitos cometidos utilizando medios tecnológicos y las redes sociales.

¿Hay preocupación por ese último fenómeno?

Sí. Existe un mal uso de esas redes sociales por los menores y hemos advertido falta de conciencia sobre las consecuencias que conlleva exponerse en esas redes. Por un lado abundan las injurias y amenazas, pero también la divulgación de imágenes de contenido sexual en las que la víctima es menor y el que las difunde también, con una nula conciencia de las consecuencias que eso conlleva. También abrimos expedientes de riesgo porque los menores no tienen claro los conceptos de intimidad y de privacidad.

¿Han cambiado los límites?

Sí. Los menores no conscientes del daño que eso provoca. La imagen pasa a un primer plano y la intimidad a un segundo plano. Buscan el protagonismo, porque ser anónimos no es algo que les interese, sino todo lo contrario. También influyen los medios de comunicación y los nuevos ídolos sociales. El problema es que luego pierden el control de la divulgación y el uso de esas imágenes.

¿Cómo acaban esos casos?

En lo que va de 2014 ya tenemos más asuntos que en 2013. Hay muchos casos de parejas que se transmiten vídeos e imágenes por wasap y luego se difunden a todos los amigos del colegio. Hasta ahora lo calificábamos como un delito contra la intimidad, pero la Fiscalía General del Estado quiere abrir una nueva línea para considerarlos delitos contra la integridad moral y castigar esas conductas con mayor dureza. El objetivo es concienciar a los menores de las consecuencias de esas infracciones.

¿El problema parece que se agrava con los menores de 14 ?

Sí, pero no tanto como autores o infractores, sino como víctimas de esos vídeos de contenido sexual. En estos casos hay un consentimiento inicial a la persona a la que se le transmite el vídeo, pero las ulteriores divulgaciones no son consentidas. Ahí nos encontramos con una laguna legal. No hay un encaje exacto en el tipo penal. De ahí los cambios previstos en la calificación de esas conductas.

¿Algún consejo a los padres para evitar esas conductas?

Controlar el uso de las redes sociales de sus hijos. La mayoría de los menores están registrados en las redes a una edad inferior a la permitida. Con 11 o 12 años utilizan Tuenti, cuando la edad permitida es 14 años. En muchos casos los padres lo sabían. Hay que establecer sistemas de control y generar mecanismos de confianza. También trabajar los conceptos de intimidad, privacidad y anonimato en las aulas, porque cuando llega el daño es difícil controlarlo. Hemos tenido un caso en Youtube que fue trending topic en un antiguo país de la Unión Soviética. Retirar las imágenes de esas plataformas sociales es complicado. Necesitamos protocolos de control con entidades como Facebook y similares.

¿Colaboran los directores para perseguir el acoso escolar?

Este año hemos mejorado respecto al anterior. Hay una mayor conciencia por parte de los centros, sobre todo los privados, pues tenían cierta reticencia a aplicar los protocolos y denunciar estas conductas delictivas. También se ha mejorado la mediación. Eso es importante porque en estos casos tenemos que aplicar el principio de intervención mínima.

¿Hay quejas de los padres?

Sí, pero no se han incrementado. No son tanto de la inspección educativa como de la dirección de los centros, porque entienden que a veces no protegen adecuadamente a sus hijos. Hemos abierto varios expedientes de riesgo donde se ha detectado bulling en menores de 14 años. No intervenimos en el ámbito penal, sino para comprobar que los chicos estaban protegidos y el colegio afectado aplicaba los protocolos. Hemos conseguido lograr una mayor implicación de los centros y se ha mejorado la comunicación con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

¿Qué falla en estos casos?

El menor se suele sentir abandonado. Se trata de chicos especialmente sensibles a los que las bromas de otros les generan un sentimiento profundo de humillación. En ocasiones, sus compañeros no sólo se mofan de ellos, sino que la dirección del centro minimiza esas conductas. Eso hace que se sientan abandonados y que los padres adviertan una cierta pasividad de las autoridades educativas. Hay que atender a las circunstancias del menor, no se puede decir que son cosas de la edad. Los chicos implicados suelen ser de familias estructuradas, sin expedientes en Fiscalía, que tienen escasa empatía y conciencia del daño causado. Luego se arrepienten. Por eso se les aplican tareas educativas.

¿Encubren los padres las agresiones de sus hijos?

Si se dan esos casos, incluso se están incrementando las conductas violentas en el ámbito familiar. Pero los padres se están decidiendo a denunciar antes, esa es la ventaja respecto a 2012 y 2013. El perfil es el de un varón de 16 años con una conducta muy enquistada. La denuncia suele llegar cuando hay una violencia física, pero los progenitores están perdiendo el miedo a denunciar y se están anticipando a la agresión. Cuanto menos enquistada esté la situación, mejor, porque es más fácil intervenir y se logran mejores resultados. Ese es el camino a seguir.

La Memoria revela que hay muchos menores fugados de los centros de protección del Gobierno de Canarias. Casualmente, el año pasado, uno de esos chicos mató a pedradas a un anciano en la capital grancanaria.

Es gravísimo. Hay dos o tres centros tutelados en los que no te encuentras ningún menor cuando vas de inspección porque están permanentemente fugados. Hemos exigido a la administración que refuerce el personal y que cambia el perfil educativo de algunos centros. Hay menores que nada más entrar en el centro de acogida inmediata sufren una estigmatización. Asumen que son niños problemáticos antes de llegar allí. Por eso están permanentemente fugados.

¿Qué más carencias arrastran esos centros de protección?

En el centro terapéutico Juan Carlos I hay insuficiencia de plazas. En Gran Canaria sólo hay 16 plazas para todos los menores con patologías psiquiátricas y trastornos de conducta. Muchos no están recibiendo la atención integral que se merecen al no existir centros adecuados para estos niños. También hay falta de personal, sobre todo en horario nocturno, y el perfil del personal contratado no se corresponde con las necesidades del menor. Prolifera la figura del cuidador frente a la del educador, que cobra menos y sólo está obligado al cuidado y a la vigilancia de los menores. Su cualificación es mínima, mientras que el educador es un técnico con titulación superior. La mayoría de los centros tiene personal de contención, no de educación. Tampoco se trabaja para que vuelvan con sus familias, pues a los 18 años los acogen esos padres que fueron considerados tan malos cuando la administración declararó a sus hijos en desamparo. No hay pisos de emancipación. La única alternativa es que regresen al ambiente del que fueron apartados.

¿No hay colaboración de la Dirección General del Menor?

Es nula en materia de Protección y nuestra principal preocupación. Están incumpliendo deberes legales como la remisión de informes semestrales. Los pedimos hasta cinco veces y no responden o mandan el informe anterior sin cambiar la fecha. Tardan año y medio en responder expedientes de menores en desamparo, incluso hemos tenido que acordar el ingreso de menores en centros por la falta de respuesta de la administración. Tampoco se formalizan los contratos de acogida en los plazos marcados por la ley. Se entregan niños a familias ajenas sin formalizar ningún contrato. Hay un problema institucional porque la falta de coordinación es absoluta. La Dirección General del Menor no tiene directrices que garanticen una unidad de actuación, es decir, dependiendo del técnico que te toque puedes seguir con tus padres o quedarte en desamparo. El técnico toma decisiones transcendentales que no son revisadas por sus superiores jerárquicos. La desorganización es terrible. No se inspeccionan los centros. El abandono en Lanzarote y Fuerteventura es preocupante, sobre todo en esta última Isla, con menores fugados ejerciendo la prostitución. Hemos denunciado esa situación.

¿Y en Reforma?

En el centro de La Montañeta hemos logrado que pongan un psiquiatra tras tres años sin ninguno. Durante ese tiempo nos negamos al ingreso de los menores con esas patologías y tuvimos que trasladarlos a Tenerife, todo porque la Fundación Ideo y la Dirección General del Menor se negaban a contratar a un psiquiatra al considerar suficiente el Servicio Canario de Salud con sus listas de espera. También existen problemas graves de seguridad, entre ellos las fugas y la introducción de drogas. La empresa de seguridad estaba abusando del desnudo integral para controlar que no entrasen estas sustancias al centro. Hay que mejorar los protocolos y no someter a los menores a esta práctica porque requiere autorización judicial, debe ser excepcional y en todos los casos han dado resultados negativos. Hay que respetar el derecho a la intimidad corporal de los niños. Otro problema es que tenemos listas de espera para cumplir medidas judiciales.