El Consejo de Gobierno de Canarias aprueba hoy el último presupuesto de la legislatura y el último del Ejecutivo dirigido por Paulino Rivero. La elección de Fernando Clavijo como cabeza de cartel de Coalición Canaria para las elecciones autonómicas del año próximo acabó con el deseo del presidente de alargar hasta lo prácticamente inalcanzable su propio récord de permanencia en el cargo. Según su entorno, una de las razones que le llevaron a intentar protagonizar un tercer capítulo en la primera línea política isleña era manejar un presupuesto expansivo, alejado de las estrecheces, las subidas de impuestos y las reducciones del personal público consecuencia de la crisis. Sin embargo, el actual presidente manejó también las arcas más abundantes de la historia de la autonomía canaria durante su primer mandato.
Irónicamente, los 8.119,4 millones de euros que constituyen hasta el momento la plusmarca del Archipiélago responden a un presupuesto, el de 2010, elaborado por el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Entonces socio de Rivero, vicepresidente de su primer gobierno y consejero de Economía y Hacienda, el presidente del PP de Canarias incrementó las cuentas un 5,89% con respecto al ejercicio anterior, cuando ya la crisis económica había comenzado a dejar ver la intensidad de su ira.
El Gobierno de las Islas, con Paulino Rivero a la cabeza, y los partidos que lo sostenían -PP y CC- dieron su visto bueno a los números. Esa expansión presupuestaria se tornó en breve plazo en uno de los principales enemigos a la hora de intentar gobernar las Islas.
En el Gobierno central permanecía aún José Luis Rodríguez Zapatero, que ya en mayo de ese 2010 dejó ver que la partida se jugaba en instancias a las que poco importaba la soberanía española y mucho el ajuste de sus cuentas para evitar que el país necesitara un rescate del que no había podido escapar Grecia; menos de un año después llegaría el de Portugal y el consiguiente incremento de la presión de los gigantes de la UE sobre España.
Caída de los ingresos fiscales
Rivero vio las orejas al lobo. El presupuesto de 2010 calculaba unos ingresos que en absoluto se correspondieron con la realidad, algo que ya había ocurrido un año antes. El crack de la economía mundial cerraba empresas por decenas cada semana, especialmente en el asolado sector de la construcción, lo que se traducía en una paulatina caída de la recaudación de impuestos.
A eso se unió un largo periodo de penuria para el turismo, que perdía a borbotones clientes extranjeros, directamente afectados por la recesión o aterrados ante la dimensión que alcanzaba la cuestión. También por esta vía se desangraban los presupuestos, que, ni por asomo lograban ingresar la cantidad que se había previsto.
La solución pasó entonces por recurrir a la financiación externa. En otras palabras, a engordar la deuda, otro de los parámetros desbocados en España sobre el que Europa había colocado la lupa. En 2007, año de la llegada de Rivero y Soria al Gobierno regional, la Comunidad Autónoma de Canarias debía a las entidades financieras y los mercados inversores 1.560,6 millones de euros, en 2011 esa cantidad se había disparado hasta los 4.160,9 millones, un 166,6% más.
El propio Soria dejó prácticamente preparadas las cuentas de 2011 antes de que en octubre el pacto entre nacionalistas y populares se rompiera. Esos números bajaron de forma brutal a la tierra a Rivero que, desde entonces sí, ha tenido que lidiar con cantidades que con dificultad le permiten tapar todas las vías de agua.
El recorte fue del 15,08% para dejar el presupuesto en 6.894,5 millones de euros, que aún descendería el año pasado hasta los 6.610,6 millones en el que ha sido el corsé más apretado que ha tenido que soportar Paulino Rivero durante sus años al frente del Ejecutivo de las Islas.
Con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa, el control férreo sobre las autonomías obligó a apretarse el cinturón para cumplir objetivos de déficit que, de obviarse, pueden acabar con la intervención de la autonomía. Con todo, Rivero, durante su segundo mandato, con el PSOE canario como compañero de viaje, ha enarbolado la bandera del mantenimiento de los servicios básicos esenciales -sanidad, educación y políticas sociales- a cualquier precio y con diferente fortuna.
La dependencia, la prestación canaria de inserción o las ayudas a los jóvenes para acceder a una vivienda han sido el principal boquete por el que ha buscado huida la voluntad expresada por el jefe del Ejecutivo. Su sucesor como candidato ya ha fijado opinión al respecto: los servicios sociales son mejorables. Claro, que si accede al cargo tendrá que afrontar -y trasladar a sus presupuestos- el hecho de que el Gobierno central destine a la dependencia en 2015 la misma cantidad que este año, lo que cierra la puerta a la entrada de nuevos beneficiarios.
