Repsol hace oídos sordos a la guerra abierta en Canarias y mantiene su calendario para llevar a cabo las prospecciones petrolíferas junto a Lanzarote y Fuerteventura a finales de noviembre. El buque de posicionamiento dinámico Rowan Renaissance, contratado por la multinacional, permanece en la costa de Angola y cuando concluya sus trabajos allí pondrá rumbo al Archipiélago para iniciar los sondeos. Entretanto, Greenpeace intensifica su campaña en las Islas. Ayer su barco antipetrolero Arctic Sunrise (Amanecer Ártico) arribó al Puerto de La Luz y de Las Palmas en su tournée contra los proyectos de perforación en busca de hidrocarburos en aguas profundas.

Desde Repsol insisten en que la legalidad ampara sus sondeos, que realizará con un barco de séptima generación, botado a finales de 2003. La multinacional ha alquilado la embarcación dos años con la posibilidad de un tercero. Lo estrenó en las costas de Namibia y ahora se encuentra en Angola, donde efectúa prospecciones a 4.500 metros de profundidad. Este buque tiene una tripulación de cerca de 200 trabajadores y tiene capacidad para perforar a 12.000 metros de profundidad, "cuatro veces más de lo que va a hacer en Canarias", según fuentes de la compañía, que indicaron que la base logística ya está prácticamente ultimada en la terminal de La Luz.

'Arctic Sunrise'

Ayer atracó en este puerto el rompehielos Arctic Sunrise de la organización ecologista Greenpeace con motivo de la gira que le ha llevado a Málaga, Lanzarote y Fuerteventura para protestar contra la búsqueda de hidrocarburos y a favor de las energías renovables.

El Arctic Sunrise llegó al Archipiélago el 24 de octubre. Hoy los activistas expondrán a bordo los peligros de las prospecciones, acompañados por el experto internacional Richard Steiner, profesor de la Universidad de Alaska durante 30 años, especialista en conservación marina y asesor de decenas de países sobre los riesgos de las perforaciones.

El antiguo pesquero podrá ser visitado hasta el domingo. El lunes se quedará en reparación en el Puerto de La Luz antes de partir a otro destino, probablemente Ámsterdam, sede del colectivo ambientalista. Si bien no se descarta que el barco pueda regresar a las Islas si comienzan los trabajos de Repsol.

Mientras, persiste la batalla jurídica. De un lado, el Gobierno canario solicitará de forma inminente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid medidas cautelares para suspender el permiso del Estado a Repsol para acometer los pinchazos; de otro, los dos recursos estatales contra la consulta ciudadana prevista para el 23 de noviembre sobre las prospecciones en aguas canarias cierran el paso prácticamente a cualquier otra fórmula plebiscitaria sobre la materia.

Los dos textos registrados el lunes por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional reclaman la suspensión cautelar de los dos decretos del Gobierno regional que regulan esa consulta y, de ser admitidos a trámite como es previsible, dejan sin opción a la puesta en práctica de vías alternativas legales si siguen manteniendo algún tipo de pregunta sobre los sondeos.

Los recursos, a los que ha tenido acceso este periódico, van más allá de los argumentos jurídicos del Consejo de Estado en sus dictámenes del 23 de octubre al plantear también la inconstitucionalidad del artículo 3 del reglamento de consultas, referido a la ciudadanía con capacidad de participación en el proceso, que el órgano consultivo no consideraba recurrible. Se estima la consulta en todo caso un referéndum encubierto, que invade competencias del Estado, y cuya pregunta "de carácter capcioso, oscuro e indeterminado" es incompatible con el correcto ejercicio del principio democrático.

El pleno del TC decidirá con toda probabilidad el martes si admite a trámite los dos recursos estatales, en cuyo caso se suspende de forma automática la consulta. Será a partir de entonces, una vez publicado en el BOE, cuando el Gobierno de Canarias analizará fórmulas alternativas para recabar la opinión sobre los sondeos. El Ejecutivo regional alegaba en los últimos días que dependiendo de qué parte de cada uno de los dos decretos recurriera el Estado y de la correspondiente suspensión cautelar, se estudiaría si caben otras vías de consultas compatibles con la legalidad. Sin embargo, la literalidad de las impugnaciones deja poco margen de actuación en este sentido.

En el caso del recurso contra el decreto del 25 de septiembre por el que se aprueba el reglamento de las consultas, la impugnación afecta a los artículos 3 y 4 del capítulo I sobre disposiciones generales, y del 9 al 26 del capítulo III sobre preguntas directas. Establece seis fundamentos de derechos en los que justifica la impugnación de inconstitucionalidad y en sus conclusiones asegura que dichos artículos "regulan una modalidad de participación ciudadana de carácter referendario e infringe desde la perspectiva del ámbito competencial autonómico, el artículo 149.1.32 de la Constitución y el 32.5 del Estatuto de Autonomía de Canarias".

En relación con la impugnación presentada ante el TC contra el decreto de consulta y la pregunta que plantea, el recurso incide en los argumentos centrales del Consejo de Estado, señalando que "incurre en los mismos vicios de constitucionalidad del reglamento" y que "lleva a cabo una llamada al cuerpo electoral para someter a consulta una supuesta decisión que aparte de adolecer de indeterminación, incide en materia de exclusiva competencia estatal y sobre un espacio físico situado fuera del territorio autonómico, para todo lo cual carece de competencias el Gobierno de Canarias".