Los antipetróleo invitan a Rivero a la desobediencia y mantener la consulta

Las organizaciones sociales no descartan una convocatoria alternativa, pero con una pregunta más clara

06.11.2014 | 12:39
Bocas selladas. Las plataformas contra los sondeos han iniciado una campaña viral en las redes sociales con el hashtag #CanariasAmordazada, que consiste en sacarse fotos con la boca tapada para denunciar que se intenta acallar la voz de la población al impedir una consulta. Personajes como Pablo Echenique de Podemos y el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi se han sumado a la campaña en Internet.
Bocas selladas. Las plataformas contra los sondeos han iniciado una campaña viral en las redes sociales con el hashtag #CanariasAmordazada, que consiste en sacarse fotos con la boca tapada para denunciar que se intenta acallar la voz de la población al impedir una consulta. Personajes como Pablo Echenique de Podemos y el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi se han sumado a la campaña en Internet.

El Movimiento Ciudadano contra las Prospecciones Petrolíferas en Canarias no permanecerá impasible tras la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la consulta popular prevista para el 23 de noviembre, al admitir a trámite los recursos interpuestos por el Gobierno central contra los dos decretos que amparan la convocatoria. La plataforma, integrada por más de una treintena de colectivos y particulares, invitó ayer al presidente regional, Paulino Rivero, a la desobediencia civil y seguir adelante con el plebiscito o buscar otras fórmulas que permitan a la población del Archipiélago expresar su opinión sobre la búsqueda de hidrocarburos en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. De lo contrario, las organizaciones sociales antipetróleo no descartan promover una consulta alternativa, eso sí, con una pregunta más clara que la planteada por el Ejecutivo canario: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

"El movimiento ciudadano no se va a quedar quieto. Tengan por seguro que el día 23 el pueblo no se va a quedar en su casa ". Así lo advirtió ayer el portavoz de la coordinadora contra los sondeos, René Beotegui, en una concentración frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la capital grancanaria, que se desarrolló de forma simultánea en Santa Cruz de Tenerife.

La organización exigió a Rivero que mantenga la consulta "pase lo que pase" y explore todas las vías para que se materialice. De no ser así, el 15 de noviembre las agrupaciones determinarán en una reunión en Fuerteventura las acciones a llevar a cabo, aunque ya avanzan que "con toda seguridad habrá movilizaciones en las calles" para que los ciudadanos puedan "demostrar que están enfadados".

Ese día decidirán también si organizan una consulta diferente, en la que la pregunta sería "mucho más directa y clara". "Estamos valorando cómo, cuándo y de qué manera pueda ser exitosa una consulta desde los movimientos sociales", comentó. "Evidentemente el movimiento popular contra las prospecciones no tiene dinero, pero sí voluntad, fuerza y miles de personas detrás dispuestas a movilizarse", añadió Beotegui, que criticó la actitud del PP tanto en la consulta catalana como en la canaria, que, aunque no "deben mezclarse" denotan, en su opinión, que los populares "no entienden lo que es la democracia". Ambos casos tienen en común "el espíritu absolutamente autoritario, antidemocrático y casi fascista del Gobierno del PP", apostilló.

El Movimiento Ciudadano explica que la orden judicial no es una decisión sobre la legalidad de la consulta del 23-N, sino que se trata de una "paralización cautelar automática" una vez admitido el recurso del Consejo de Ministros.

La plataforma sostiene que dicho recurso es "la respuesta política del Gobierno de España en defensa de los mezquinos intereses de la multinacional petrolera Repsol, y como la expresión del miedo a la voluntad soberana de un pueblo digno". Al entender de los opositores a las catas, la "argucia" empleada por el Estado "no tiene otra intención más que la de amordazar a Canarias y evitar que la ciudadanía opine sobre cómo quiere que sea su futuro en materia de desarrollo social, económico y medioambiental".

Es más, sugieren que, si de forma provisional se ha paralizado la consulta ciudadana, "con mayor cautela" deben suspenderse las prospecciones hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie en firme sobre el proceso consultivo.

Con todo, los colectivos permanecen vigilantes ante las informaciones que apuntan a la llegada del buque Rowan Renaissance, contratado por Repsol para acometer los sondeos. La compañía prevé empezar los trabajos a finales de mes. "Se ha anunciado la llegada del barco para la próxima semana y vamos a estar muy atentos a todo lo que tenga que ver con la logística, con el fin de evitar el comienzo de las prospecciones", aseguró la portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, Noelia Sánchez.

A su juicio, la administración autonómica debe buscar las fórmulas que considere, ya sea "a través de la desobediencia, el desacato o mediante algún recoveco que permita la Ley de Participación Ciudadana, por ejemplo una encuesta".

El Constitucional dispone de hasta cinco meses para levantar la suspensión de la consulta o prorrogarla. Pero Sánchez ve "absurdo" que se pregunte a los isleños en marzo, después de los sondeos.

El historiador y miembro de Ben Magec José de León avisa de que "sigue aumentando la indignación de la gente" al impedirse la consulta por parte del Ejecutivo central y anunció que los colectivos adoptarán "medidas contundentes" en relación a la presencia del barco y se barajan acciones como cadenas humanas y concentraciones. Para la representante de No petroleras, sí renovables de Fuerteventura, Judit Morales, el Gobierno español "tiene miedo a que el pueblo opine" y garantizó que se continuará la "presión en las calles".

Ante el envite lanzado por las entidades sociales, el Gobierno canario aclaró ayer que "es imposible" convocar la consulta tal como está establecida, ya que choca con la suspensión decretada por un órgano judicial. El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, precisó que "no cabe la desobediencia". "Otra cosa es que los colectivos puedan organizar lo que quieran". Tendió la mano a las asociaciones antipetroleras. "Si nos piden ayuda lo estudiaríamos. La disposición del Gobierno es máxima en la medida de sus posibilidades, siempre que sea posible jurídicamente y no sea algo ilegal", subrayó Ríos, que denunció que la consulta del Ejecutivo canario ha quedado "truncada por una decisión política del PP".

El consejero canario de Justicia, Francisco Hernández Spínola (PSOE), insistió ayer en que decreto de la consulta, que es consecuencia de la Ley de Participación Ciudadana de Canarias, es "plenamente legal y ajustado a derecho".

Confió en que el TC dé la razón a la comunidad autónoma y reprochó al Gobierno del PP que con su recurso quiera "silenciar las voces de los canarios" en un asunto tan trascendental para la economía y el medio ambiente de las Islas. Coincide con el presidente, Paulino Rivero, que acusa al Estado de pretender "acallar la voz del pueblo". "El único que tiene un esparadrapo en la boca es Rivero y no se lo ha puesto el PP", sino su partido, CC, replicó la portavoz parlamentaria del PP, Australia Navarro, que le exige respetar y acatar la ley en los siete meses que le quedan para concluir la legislatura.

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