Una macrorredada anticorrupción en Canarias, Sevilla y Extremadura, dirigida por la juez Mercedes Alaya, concluyó ayer con 31 detenidos, dos de ellos en la provincia de Las Palmas, dentro de la denominada operación Madeja que afecta a empresarios, funcionarios y políticos. La trama, en connivencia con funcionarios y cargos públicos, se había infiltrado en distintas administraciones para obtener contratos públicos de forma fraudulenta. La intervención policial recibe el nombre del símbolo de la capital hispalense.
Los dos detenidos en la provincia de Las Palmas son el portavoz de CC en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, que fue arrestado en la mañana de ayer tras abandonar "urgentemente" la Comisión de Educación y Cultura del Cabildo a la que estaba asistiendo. Fue puesto en libertad después de que se le dieran a conocer los cargos que se le imputan en la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla; el segundo de los detenidos fue el delegado de Fitonovo en Las Palmas A. de la T. G., que también quedó en libertad en iguales circunstancias, según informó la Guardia Civil. En el caso del delegado en Gran Canaria de Fitonovo, su arresto fue seguido por un registro a sus oficinas en un polígono industrial de Arucas. Estas detenciones y registros corresponde a la operación Enredadera, pieza que se desgaja a su vez de la operación Madeja, y que se centra en los negocios de Fitonovo, especialista en jardinería, cuidado de zonas verdes y palmerales, así como de parques públicos.
Las diligencias de la Operación Madeja eran secretas desde 2013 y surgieron por la la investigación del caso Mercasevilla, del que a su vez surgió el asunto de los ERE de Andalucía, que ya acumula 229 imputados, la mayor parte de las detenciones afectan al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el PSOE desde 2005 a 2011.
Las investigaciones descubrieron irregularidades graves del exresponsable del departamento de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño. La policía sospecha que obetenía regalos y grandes cantidades de dinero a cambio de ajustar contratos municipales a Fitonovo y Fiverde. Este funcionario, cuando fue localizado por los investigadores, alegó que el dinero que sacaba con los contratos era para el PSOE, según los medios sevillanos.
Dentro de la operación Madeja habían sido detenidos ya en Sevilla, el hijo del dueño de la empresa Fitonovo, José Antonio González, y el exconcejal del PP y director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, del actual gobierno popular sevillano.
El dueño de Fitonovo, Rafael González, declaró ante la juez Alaya que su empresa no solo había pagado comisiones y dado dádivas a cargos municipales de Sevilla, sino también a otros ayuntamientos.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, con pinchazos telefónicos, han logrado destapar la red de supuesta corrupción en las comunidades de Andalucia, Extremadura, Castilla León, Valencia y Canarias. De los 31 detenidos, 23 lo han sido en Andalucía: 11 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, uno en Granada y otro en Cádiz. Además de los dos de Canarias, los agentes han arrestado a dos en Zaragoza y otros tantos en Madrid, una en Badajoz y otra en Valencia.
Entre los detenidos figuran tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez; el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona.
Los otros 29 detenidos son fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la sociedad empresa sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año. La operación que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla fue la que condujo a Fitonovo.
La estructura de esta empresa se habilitó para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos.
Todos los detenidos e imputados están acusados de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. Las investigaciones están bajo secreto de sumario.
Las prácticas ilícitas descubiertas, según la Guardia Civil, "causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas", a lo que se suma que, "al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".
Por provincias, en Jaén ha sido arrestado el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina, Cristóbal Pérez, que aglutinaba las concejalías de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad. Además, en Jaén han sido arrestados un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento, mientras que en Granada los agentes de la UCO han llevado a cabo el arresto de una mujer de 39 años, ex empleada de Fitonovo, y en Mérida ha sido detenido un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura, informa Europa Pres
En Zaragoza hay dos personas detenidas, como son un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la capital aragonesa y otro, ya jubilado. Por su parte, en Córdoba han sido arrestadas otras cuatro personas.
Coincidiendo con la operación, la juez Alaya citó ayer a fin de ampliar su imputación a los empresarios de Fitonovo José Antonio González Baró y Rafael González Palomo y al administrador de Fiverde Angel Manuel Macedo, quienes se han acogido a su derecho constitucional a no declarar. Se celebró ya una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía ha pedido una fianza civil de dos millones para Rafael González Palomo; de un millón de euros para su hijo, José Antonio González Baró, y de 0,5 millones de euros para Angel Manuel Macedo. En su primera declaración tras ser detenido en diciembre de 2013, González Baró declaró que una persona vinculada a IU, de la que no dio el nombre, le había pedido una 'colaboración económica' coincidiendo con la adjudicación de un contrato de obras del Instituto Municipal de Deportes, tras lo que entregó a esta persona 70.000 euros en una caja de zapatos.
En caja de zapatos
Pues bien, en la lectura de su ampliación de imputación, la juez ha puesto nombre a esta persona, Antonio Miguel Ruiz Carmona, a quien según la juez el empresario de Fitonovo habría entregado 85.000 euros en una caja de zapatos. Carmona ha sido detenido por la UCO en Enredadera.
También ha comparecido ante la magistrada el exdirector del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Peña, que, tras ser imputado por la Guardia Civil en el mar co de la segunda fase de la operación Madeja desarrollada en diciembre de 2013, fue cesado de manera fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP). Para él, la Fiscalía ha pedido este martes una fianza de responsabilidad civil de 200.000 euros.
La juez también citó a tres personas que ya estaban imputadas en la causa, como son el exjefe de servicio de la Delegación de Parques del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, el responsable de conservación del Parque de María Luisa Francisco Luis Huertas, y el director comercial de Fitonovo Juan Andrés Bruguera, a quien ha mandado a prisión eludible con fianza de 180.000 euros. La Fiscalía de Sevilla pidió fianzas de responsabilidad civil por un 3,5 millones para los empresarios de Fitonovo José Antonio González Baró y Rafael González Palomo y para el administrador de Fiverde Ángel Manuel Macedo, a quienes la juez Alaya dejó en libertad con cargos, al igual que a los dos detenidos este martes en las islas de Lanzarote y Gran Canaria.
