"No a las petroleras, sí a las renovables". Fue el grito unánime ayer de casi 200 cargos públicos de Canarias durante la fotografía de familia tras firmar la declaración institucional de 23-N contra las prospecciones petrolíferas. Ayer estaba previsto que se celebrarse la consulta popular sobre los sondeos promovida por el Gobierno autonómico, pero quedó suspendida por el Tribunal Constitucional, a raíz de un recurso interpuesto por el Estado. "Queremos hacernos oír, queremos que el Gobierno de España, que se ha parapetado tras los tribunales para impedir que los canarios se expresen, escuche nuestra voz". Las palabras del presidente regional, Paulino Rivero, resonaron en la sede de Presidencia de la capital grancanaria.

El jefe del Ejecutivo subrayó que los pinchazos autorizados a Repsol constituyen "una agresión al interés y a la voluntad de los canarios". "Una agresión planificada desde hace dos años, años en los que no ha habido margen para la política, para el diálogo y tampoco para la lealtad entre gobiernos e instituciones", protestó Rivero, sin ningún representante del PP presente en el salón. Partido que, además "no ha contestado" a la solicitud de referéndum y de consulta ciudadana del Ejecutivo canario y "ni está ni se le espera respecto a un asunto trascendental para el presente y futuro de los canarios", recriminó el dirigente nacionalista.

A juicio de Rivero, la biodiversidad y economía de las Islas se ven "amenazados por una actividad que pisotea la voluntad y la voz de todo un pueblo". En su intervención denunció el "cúmulo de decisiones arbitrarias y el oscurantismo que han jalonado el procedimiento administrativo" del expediente de las prospecciones.

Recordó al Gobierno central que "aquí no están enfrentados los intereses generales de España con los de Canarias", sino que está sobre la mesa "el choque frontal de los intereses de una multinacional con el interés del os canarios". Insistió en que las catas ponen en riesgo la fauna marina, el abastecimiento de agua a la población y el trabajo de miles de personas. Por ello, avanzó que su equipo seguirá luchando "para frenar este abuso". "Lo haremos sin dejar de prestar atención ni un solo día a los problemas planteados en otros ámbitos".

El también presidente de CC advirtió a Moncloa de que "si se da la espalda a todo un pueblo, ese pueblo se rebela contra ese abuso". "A pesar de la política de hechos consumados del Gobierno del PP mantendremos la bandera de la protesta", avanzó.

Todos en fila

Tras su discurso miembros del Gobierno canario, diputados regionales y nacionales, senadores, consejeros de cabildos, concejales, alcaldes de todos los partidos políticos, salvo el PP, y hasta un europarlamentario (el socialista Juan Fernando López Aguilar) se pusieron en fila para suscribir el manifiesto del 23-N. Con su rúbrica dejaron constancia de su oposición a la búsqueda de hidrocarburos al este de Lanzarote y Fuerteventura.

La declaración institucional recoge que la tramitación del permiso para los sondeos ha venido marcada por "una fuerte contestación y rechazo a las prospecciones" por parte de las administraciones y de la sociedad canaria y por las "dudas acerca de la compatibilidad" del proyecto con la defensa de los valore medioambientales de la zona.

El documento evoca las manifestaciones multitudinarias en contra de los sondeos el 7 de junio y el 18 de octubre, así como la decisión del gabinete del presidente, Mariano Rajoy, de bloquear el referéndum y la consulta popular.

Ante el "silencio impuesto a la ciudadanía", los legítimos representantes de la inmensa mayoría de las instituciones canarias y cargos electos de la Cámara regional, de las Cortes Generales y del Parlamento Europeo desean expresar con esta declaración su oposición a las prospecciones y su "más enérgico rechazo a la injustificable" negativa del Gobierno de España a que los canarios puedan mostrar directamente su opinión sobre este asunto a través de los mecanismos legales previstos al efecto.

¿Servirá de algo la alianza institucional y la firma de un texto contra los sondeos? "Esto sirve para expresar lo que piensa mucha gente, después que lo tengan en cuenta o no ya es otra cuestión", admitió el presidente del Parlamento canario, Antonio Castro, que espera que se "reconduzca la situación y se abra, como mínimo, un diálogo entre los dos gobiernos". "Queda mucho por hablar en los tribunales y en la movilización social", apostilló la diputada nacional de CC, Ana Oramas, para quien "es bueno visualizar la unión de todos los estamentos políticos y, sobre todo, el desmarque del PP".

Para el candidato de CC a presidir las Islas en las elecciones de mayo, Fernando Clavijo, "el hecho de que Repsol ya esté pinchando no significa que tengamos que aceptarlo porque sí, para eso está la democracia". Mientras que la aspirante socialista a gobernar el Archipiélago, Patricia Hernández, aseguró: "No vamos a dar nada por perdido ni vamos a bajar los brazos en esta pugna entre los intereses de una multinacional y el interés general de las Islas".

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, interpreta que "ahora tiene más sentido hacer una consulta porque el riesgo está más cercano". Su homólogo en Fuerteventura, Mario Cabrera, está convencido de que, "si queda algo de inteligencia en Madrid y en la Casa Real, deberían estudiar muy bien la foto" del acto de ayer. "La chulería del PP ha aumentado la indignación de los canarios. La mejor consulta será la de las urnas", aseveró Cabrera. En ello coincidió el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, seguro de que el PP "va a pagar en las urnas éste y otros desprecios". El eurodiputado Juan Fernando López Aguilar criticó el "atropello sistemático de los populares a lo que piensa la calle", mientras que el secretario general del PSC-PSOE y vicepresidente regional, José Miguel Pérez, estima que la posición política del PP es "inexplicable" y confía en que el Constitucional dé luz verde al final a la consulta.

La versión del PP llegó horas después. Su portavoz en el Parlamento, Australia Navarro, censuró a Rivero por "alentar actuaciones que bordean y violentan la legalidad vigente", en relación a la consulta popular sobre las prospecciones, que, según esta formación, invade competencias del Estado. El PP afeará a Rivero su actitud en el pleno de la Cámara regional.