La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El petróleo en aguas de las Islas La vía judicial

Repsol reclamará una indemnización millonaria si se paralizan los sondeos

El TSJC puede condicionar la suspensión al depósito de una fianza por parte del Gobierno canario - La ley habilita al Ejecutivo central para exigir compensaciones

Protesta contra las prospecciones celebradas ayer en la playa de Corralejo, en Fuerteventura. ALBERTO IGLESIAS

Repsol ya tiene calculada la suma que pedirá en concepto de daños y perjuicios en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decida la paralización cautelar del sondeo que realiza a entre 50 y 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. La multinacional petrolera se guarda de momento la cantidad exacta, pero es seguro que superará el centenar de millones de euros.

La compañía que preside Antonio Brufau ya ha decidido que si la Sala de lo Contencioso-Administrativo atiende la petición del Gobierno de Canarias para que detenga los trabajos pondrá fin para siempre a sus proyectos en el Archipiélago.

El Ejecutivo regional solicitó la suspensión cautelar en tanto no se resuelva el recurso que tiene interpuesto contra la autorización que la Dirección General de Política Energética y Minas dio a Repsol para iniciar las prospecciones. El TSJC cuenta con cinco días para pronunciarse, toda vez que ha dado por finalizado el plazo de presentación de alegaciones.

Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el órgano judicial canario podría exigir al Gobierno autónomo el depósito de una fianza con el fin de cubrir los daños y perjuicios que reclamará Repsol. Es más, la emisión de la resolución podrá quedar condicionada a la presentación de un aval por la cantidad demandada.

Sin embargo, la suma será aproximativa y mucho menor de la que pretende recibir la petrolera, que solo la podrá exigir en el caso de que se levante la suspensión, es decir, solo si la Justicia concluye que el permiso que obtuvo el pasado mes de agosto para investigar la existencia de hidrocarburos se ajusta plenamente a la ley.

En la presentación de su proyecto, la empresa declaró una inversión de 112,4 millones de euros para acometer el primer sondeo. No se alcanzaría el desembolso de dicha cantidad en el caso de abandono, si bien el departamento jurídico trabaja en un espectro más amplio. Por ejemplo, se reclamarán, entre otros, todos los gastos que han supuesto los estudios previos y de tramitación -incluida la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (más de cuatro millones de euros)- o los derivados de no haber estado durante ese tiempo en otro lugar donde sí podrían haber operado hasta el final; la compañía no había terminado su exploración en Angola cuando decidió poner rumbo a las Islas. Incluso, una cantidad ajustada a la probabilidad de la existencia de hidrocarburos en Sandía, que ya nunca se despejaría. Claro que para que las pretensiones prosperen Repsol tendrá que elaborar una argumentación convincente sobre el porqué de su marcha definitiva cuando la vigencia del permiso para explorar alcanza hasta agosto del año 2017.

Del mismo modo, también la Administración central, en este caso el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que dirige José Manuel Soria, podrá sumarse a la petición de indemnizaciones por los daños que estime pueda causar al interés del Estado la paralización del sondeo. También habrá de esperar a un hipotético levantamiento de la paralización cautelar para comunicar sus demandas.

Compartir el artículo

stats