El ministro de Justicia, Rafael Catalá, defendió este lunes la independencia de los jueces en el Foro Económico Editorial Prensa Ibérica en relación con las declaraciones en que el presidente de Canarias, Paulino Rivero, cuestionó la semana pasada la independencia judicial por la decision de desestimar la suspensión cautelar de las prospecciones petrolíferas de Repsol. "Dudar de la independencia de los jueces es poner en duda el sistema", expuso. Añadió que "tenemos que respetar la independencia judicial y sus decisiones cuando se gana y cuando se pierde, porque nunca llueve a gusto de todos". "Hay que usar los canales judiciales si no se está de acuerdo, pero no cuestionar la independencia judicial y desacreditar a los jueces porque no nos gusten sus resoluciones", remarcó.

Catalá también anunció que se van a llevar a cabo desde el diálogo las reformas normativas más importantes pendientes para abordar en esta legislatura en el ámbito de la administración de justicia.

Admite que recibe una buena herencia de su antecesor Gallardón, si bien destaca la importancia de recuperar el diálogo y el consenso para llevar a cabo las reformas pendientes importantes, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotarla de mayor agilidad en los asuntos penales, que son los que se empantanan y generan en los ciudadanos la percepción de que la justicia es lenta. Para ello se va a invertir la regla de la conexidad y cada delito va a responder a una causa, no como ahora en que una causa incluye varios delitos que las convierte en macrocausas.

Añadió que se van a poner plazos ampliables para finalizar los procedimientos: seis meses para asuntos sencillos o 18 meses para temas más complicados. Así cómo sacar de las mesas de los jueces de lo penal asuntos que les cargan de trabajo, como los delitos sin autor conocido o los delitos relacionados con los accidentes de tráfico, para tratarlos como faltas administrativas.

Asimismo, el ministro reconoce que se ha avanzado poco en la mejora de la organización de la administración de justicia y plantea la necesidad de implantar la nueva oficina judicial.

También anunció la modernización de los registros civiles para permitir, por ejemplo, registrar nacimientos por vía telemática, así como la reforma de la justicia gratuita y de las tasas judiciales.