La orden judicial que autorizó las intervenciones telefónicas al alcalde de La Laguna, y actual candidato de CC a la presidencia de Canarias, Fernando Clavijo, y los otros 12 imputados en el llamado caso Corredor ha desaparecido "por causas absolutamente desconocidas e inexplicables" de la documentación del sumario. Esto señala la secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna en una diligencia, del pasado 25 de noviembre, a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/DLP.
El extravío, que algunas fuentes judiciales consultadas por este diario consideran "inexplicable" y "totalmente anormal", abre la puerta a las defensas de los imputados a presentar un recurso de nulidad de esos pinchazos telefónicos, fundamentales para que el titular del Juzgado, César Romero Pamparacuatro, fundamentara las imputaciones en el auto del pasado 21 de noviembre contra el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, dos concejales, un asesor municipal, dos representantes vecinales, dos empresarios, tres altos cargos de la Policía Local y dos funcionarios.
Pamparacuatro se ha visto obligado a citar esta mañana (10:00 horas) a todas las partes -la Fiscalía y las defensas de los acusados- a lo que se llama judicialmente una reconstrucción de autos, un proceso establecido para estos casos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar si esas escuchas pueden ser validadas e incluirse finalmente en el procedimiento o no. Si no hay acuerdo hoy se celebraría una vista, pero si las partes no tuvieran durante este proceso ese auto, que es lo más probable porque desapareció antes de la apertura del sumario y cuando los tomos no habían sido ni siquiera foliados, o no pudieran defender la validez de las propias escuchas estas serían anuladas. La principal consecuencia sería que las imputaciones por tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos perderían fuerza pues la mayoría se cimenta en gran medida en esas conversaciones intervenidas por orden el juez Pamparacuatro.
Causas "desconocidas"
La secretaria judicial asegura textualmente sobre la desaparición de un documento tan decisivo para este sumario: "Hago constar que tras haber finalizado la labor de filiado y escaneado de las actuaciones [del caso Corredor] se ha detectado que, por causas absolutamente desconocidas e inexplicables, no obra unido al auto de fecha 21 de abril de 2010, en el que se acuerda la intervención telefónica de determinados imputados, así como el oficio solicitando dicha intervención, siendo que la desaparición de dichos documentos tuvo lugar en fecha anterior al foliado de las mismas, dado que no existe descuadre alguno en la numeración". En la diligencia, la secretaria añade que el mencionado auto sí consta "perfectamente reflejado" en el sistema procesal Atlante, el método de digitalización de la Administración de Justicia de Canarias. El original debe estar, sin embargo, en el sumario para que las escuchas sean válidas en el procedimiento.
Estas escuchas fueron autorizadas en 2010 por César Romero Pamparacuatro dos años después de que un empresario de la noche lagunera destapara el caso. Carlos Calderón, dueño del pub Sketch -actualmente cerrado- denunció en febrero de 2008, cuando Fernando Clavijo era concejal de Seguridad y le quedaban nueve meses para convertirse en alcalde, a responsables municipales y policiales por presuntas irregularidades con los locales de la zona de marcha de La Laguna, conocida como el Cuadrilátero.
El origen del caso
En concreto, Calderón aseguró que era conocedor de que algunos policías locales requerían dinero a cambio de no levantar actas por infracciones en materia de horario de actividad de locales y de ruido. Según esta denuncia, había un presunto acuerdo tácito entre el Ayuntamiento y algunos propietarios de pubs y discotecas para incumplir sistemáticamente el horario de cierre al margen de lo permitido por la licencia. El denunciante aporta la grabación de una conversación entre él, un socio, Clavijo y el gerente de Urbanismo en la que los dos últimos le dan permiso verbal para cerrar más tarde de lo reglamentario.
La Fiscalía se hizo cargo de la denuncia, el juez permitió las escuchas a través del auto desaparecido y al caso se unieron otras presuntas ilegalidades que van más allá del Cuadrilátero. Pamparacuatro ha imputado al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo (CC); las concejales Blanca Pérez (CC) y María José Castañeda (CC); el empresario Evaristo González; el exsubcomisario de la Policía Local, Juan José Díaz; el asesor y presidente de la comisión vecinal de Las Chumberas, Ricardo González; el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Laguna (FAV Aguere), Francisco Barreto; el presidente de la Federación Empresarial del Ocio y la Restauración, José Antonio Santana; así como dos inspectores de la Policía Local, dos funcionarios municipales y una representante vecinal.
Les imputa los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación por tres casos: presuntos tratos de favor a locales de ocio del Cuadrilátero, irregularidades en la concesión de ayudas al realojo para los afectados por la aluminosis de Las Chumberas y el presunto enchufe de un trabajador de Urbaser. La Fiscalía ha pedido el archivo de este último caso de Urbaser al no hallar indicios de delito.
