El Gobierno de Canarias aprobó ayer reformar la Ley de Renovación y Modernización Turística para permitir la construcción denuevos hoteles sin estar sujetos a la renovación de planta alojativa obsoleta. Eso sí, no se trata de un cheque en blanco. Los estos establecimientos tendrán que cumplir unos parámetros de calidad de excelencia en el servicio y de ecoeficiencia, así como edificarse en suelo urbano calificado como turístico y ya urbanizado. En caso de engañar y no acatar las reglas del juego, el Ejecutivo, que preside Paulino Rivero, impondrá elevadas sanciones económicas, que podrán alcanzar los 300.000 euros e incluso ordenar el cierre definitivo del complejo hotelero.
La revisión legislativa se tramitará por el procedimiento de urgencia. El Consejo de Gobierno acordó ayer remitir el anteproyecto de ley de modificación de la norma turística al Consejo Consultivo, que tendrá quince días para emitir un dictamen. Posteriormente, regresará al Ejecutivo para su aprobación definitiva como proyecto de ley y se enviará al Parlamento, donde se aprobará en lectura única.
Con su decisión, el Ejecutivo cede finalmente ante las presiones de un sector de Coalición Canaria y del PSOE, inquietos por el retraso en la revisión de la normativa, que el Gobierno autonómico se comprometió a realizar en octubre en sede parlamentaria. "Ahora tienen que correr", afirmaron fuentes socialistas, que confían en que el texto se apruebe antes de que termine el período de sesiones el 25 de marzo, debido a la convocatoria de las elecciones en mayo.
Esta modificación complace una demanda reiterada de empresarios turísticos de Gran Canaria y del Cabildo, que han batallado sin tregua contra la ley, aprobada el 29 de mayo del 2013, sin ningún consenso por impedir la construcción de hoteles de cuatro estrellas sin estar vinculados a procesos de rehabilitación. El texto avivó el pleito insular, ya que la patronal hotelera de la provincia tinerfeña se posicionó en contra de cambiar la normativa.
En febrero de 2014 el Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra los apartados a) y c) del artículo 4.2 de la ley por considerar que infringían las normas nacionales y europeas sobre libertad de establecimiento al prohibir hoteles inferiores a cinco estrellas. En cambio, el 24 de junio el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de la ley por no estimar fundamentados los supuestos perjuicios de tales apartados.
Entretanto, la fuerte contestación desde Gran Canaria motivó la rebelión de CC en esta isla y forzó a la Cámara a aprobar el 23 de abril una proposición no de ley, impulsada por la diputada María del Mar Julios, para instar al Ejecutivo a presentar en junio la evaluación inicial del funcionamiento de la ley en su primer año de vigencia para realizar las modificaciones necesarias.
Con retraso
Sin embargo, el documento se hizo de rogar y no se debatió en el Parlamento hasta octubre, cuando el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, presentó las conclusiones del informe y apostó por ampliar la ley para autorizar hoteles de menos de cinco estrellas con estándares de calidad y sin ligarlos al número de estrellas.
La demora de la reforma y el silencio del Ejecutivo incomodaron a parte de Coalición y del PSOE, pendientes de que el Gobierno cumpliera su compromiso.
El pasado 6 de enero Berriel dijo que no veía urgente revisar la ley, palabras respaldadas tres días después por Rivero, que insistió en que los hoteles de cuatro estrellas se podían hacer pero "rehabilitando lo viejo". Sus declaraciones provocaron la rebelión de CC en Gran Canaria y ha precipitado la reforma.
Ayer el Consejo de Gobierno dio el primer paso. Ha corregido los apartados a) y c) del controvertido artículo, al añadir la posibilidad de construir un establecimiento "de cualquier número de estrellas" siempre y cuando obedezca a unos criterios de calidad y de prestación de servicios, que se fijarán reglamentariamente para que lo configure "como un modelo de excelencia y ecoeficiencia", explicó Berriel en rueda de prensa. Asimismo, el proyecto deberá ejecutarse en suelo calificado turístico y urbanizado.
Además, el texto clarifica las consecuencias jurídicas de desobedecer dichos requisitos. En el supuesto caso de que sean incumplidos sería objeto de falta muy grave y tendría la consideración de "grave quebranto al interés general turístico de Canarias". La Ley de Ordenación del Turismo de Canarias determina las cuantías de las sanciones y muy graves oscilan entre 30.000 euros y 300.000 euros, según el consejero, que, no obstante, apuntó que dicho importe puede elevarse si no se corrige la infracción y su reiteración puede derivar en la clausura del edificio.
¿Que parámetros de calidad deben satisfacer los establecimientos? Los criterios no están definidos. La reforma de la ley da un corsé, unos parámetros generales de sostenibilidad que se concentrarán posteriormente en un reglamento y que precisará los criterios de ahorro, contaminación acústica y lumínica, gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios. Por ejemplo, para incrementar la calidad se deben introducir energías renovables, como plantas desalinizadoras, fotovoltaicas o instalaciones térmico-solares de calentamiento de aguas.
¿Qué ocurre mientras se redacta ese reglamento? Ahora mismo esas exigencias de calidad ya existen pero están muy dispersas en leyes sectoriales, que pueden servir para sustentar los proyectos que se presenten sin necesidad del reglamento elaborado por el Gobierno.
Por tanto hay "un régimen transitorio", argumentó Berriel, de tal forma que, hasta que se publique este reglamento que recoja claramente los criterios de calidad aplicables de manera específica al sector turístico, cualquier autorización previa que se vaya a otorgar por los cabildos para levantar un hotel nuevo -sin ser producto de la renovación de otro de categoría superior- debe disponer antes de una autorización del Gobierno, que se fundamentará en un informe del "órgano autonómico competente en materia de turismo".
Este departamento regional deberá analizar "de forma exhaustiva y a tenor de todos los reglamentos existentes que sean concurrentes en el proyecto para que se llegue a la conclusión de que éste es ecoeficiente y excelente aún cuando no estén definidos todavía reglamentariamente los parámetros".
¿Quiénes van a determinar esos parámetros de calidad? El reglamento será confeccionado por el Gobierno y "se intentará el consenso con el sector afectado", subrayó el consejero de Política Territorial.
En cualquier caso ya el borrador de propuesta de reforma de la ley que Berriel llevó al Consejo de Gobierno de octubre junto a su evaluación incluía relacionar los nuevos hoteles a su "especialización temática". La propuesta -que ayer fue ratificada por el Consejo- rebaja la inversión mínima por plaza alojativa en los establecimientos extrahoteleros y modifica los estándares de densidad para adaptarlo a la necesidad de cada núcleo turístico.
El Gobierno ha llevado la reforma al Consejo "sin prisa, pero sin pausa", defendió Berriel, que indicó que el Ejecutivo "tiene su propia hoja de ruta, sin que nadie le marque el ritmo". "El Gobierno no se siente presionado por ningún sector", añadió el titular de Política Territorial. Estima que esta revisión "no desvirtúa el modelo de rehabilitación y modernización turística" que defiende la Comunidad Autónoma, pero a la vez "colma" las aspiraciones de sectores que demandaban que los nuevos complejos no fueran sólo de cinco estrellas.
Nada más conocer el visto bueno del Ejecutivo, CC de Gran Canaria aplaudió que se atienda las demandas del sector en esta isla.
