El Gobierno se puede quedar sin fondos para abonar la prestación canaria de inserción (PCI) a las familias más necesitadas antes de mitad de año. El presupuesto autonómico de este ejercicio contempla la opción de ampliar la partida de la ayuda económica básica para que no ocurra lo del pasado año, cuando cientos de beneficiarios con derecho a la prestación se quedaron sin la misma durante varios meses porque la Consejería de Políticas Sociales se quedó sin dinero en verano. Tanto los ayuntamientos como los colectivos y trabajadores sociales exigen al Ejecutivo que disponga los recursos económicos necesarios para cubrir la demanda que se avecina.
La reforma de la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento obliga al Ejecutivo a no dejar a nadie sin prestación por falta de fondos. Sin embargo, los 28 millones de euros previstos por las cuentas de este año para la ayuda económica básica son insuficientes, a tenor de las expectativas que ha generado la modificación de la norma, que amplía el perfil de los beneficiarios para llegar a las familias sin ningún tipo de ingresos y otros colectivos vulnerables.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Elena Luis, afirma que la principal preocupación de los ayuntamientos es que las miles de familias que se acercan a los servicios sociales municipales para solicitar la prestación la reciban en tiempo y forma. "Somos conscientes de las dificultades económicas pero la prioridad deben ser las familias que peor lo están pasando y son necesarios más fondos", advierte la también alcaldesa de La Guancha.
Menos plazos
El cambio legislativo deja en dos meses el plazo del que disponen los municipios para tramitar la PCI antes de pasar los expedientes al Gobierno, que dispone de otros dos meses como máximo para resolver las solicitudes. Los ayuntamientos asumen no sin dificultades este reto ya que la financiación y los equipos de los que disponen no son suficientes ante el crecimiento que se prevé de la demanda con el nuevo texto de la ley. Sin embargo, Elena Luis asegura que las corporaciones municipales se esforzarán por cumplir los nuevos criterios pero que lo preocupante es que se aprueben las solicitudes y no haya fondos para pagar la ayuda básica a los beneficiarios.
La representante de la Fecam aclara que aún quedan por resolver cuestiones como la ley de municipios, que tramita el Parlamento, y la nueva ley de Servicios Sociales con el fin de aclarar y definir las competencias y la suficiencia financiera de las ayudas sociales. Mientras llegan estas nuevas normas los ayuntamientos creen que los 28 millones de euros consignados por el Ejecutivo para la prestación deben ampliarse. Elena Luis valora positivamente algunos de los aspectos del cambio de la ley porque da entrada a familias en riesgos de exclusión y acorta los plazos de tramitación, pero insiste en que "el ciudadano no puede esperar a tener la ayuda porque no haya fondos".
Por su parte, la portavoz de la Red Canaria en defensa del sistema público de servicios sociales (Redesscan), Koldobi Velasco, asegura que harían falta unos 400 millones de euros para cubrir las necesidades básicas de los 52.000 hogares canarios que no tiene ingresos o se encuentran en una situación de pobreza severa. En su opinión, "hay un problema de financiación porque de los 31 millones que hay en los presupuestos, 17 de ellos son de prestaciones no pagadas de 2014, con lo que para las nuevas de este año hay poca cobertura".
Redesscan está formado por trabajadores sociales, colectivos y asociaciones que trabajan con las personas y familias más vulnerables afectadas directamente por la crisis. Desde que se aprobó la primera ley de la PCI, en 2007, lleva denunciando que se han incumplido al menos 20 artículos de la misma. Velasco cree que la modificación aprobada ahora por el Parlamento no cambia la concepción de la prestación canaria de inserción, que para los trabajadores sociales deben ser una renta "universal, incondicional y suficiente". Desde hace varios años Redesscan ha llevado a cabo varias movilizaciones para exigir una ayuda básica digna para los más necesitados.
La portavoz del colectivo explica que ha sido la movilización social y las continuas denuncias las que ha provocado que el Gobierno se viera obligado a cambiar la ley, aunque en un primer momento esta modificación era restrictiva. Velasco ve algunos aspectos positivos en los cambios introducidos por los grupos políticos en el Parlamento como la ampliación de los perfiles de los beneficiarios o que no haya techo presupuestario para la ayuda. Sin embargo, la portavoz de Redesscan también advierte que se dejan fuera colectivos como el de las personas sin hogar o inmigrantes irregulares.
Asimismo, Velasco tilda de "trampa" que los ayuntamientos no dispongan de más medios humanos y materiales para agilizar las peticiones, por lo que la ley se puede convertir en un "brindis al sol" si no hay más trabajadores sociales en los municipios. Por ello, Redesscan va a iniciar una campaña de información y de seguimiento del cumplimiento de la ley para denunciar cualquier vulneración de la misma. "Haremos presión para desvelar el incumplimiento de la ley y para informar a las familias que tengan derecho a la prestación", advierte.
