Leche en polvo, latas de atún, harina, material médico, pienso para el ganado. Un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) revela el desvío de parte de la ayuda humanitaria que la Unión Europea destina a los campos de refugiados saharauis de Tinduf, en el sur de Argelia. La investigación fue realizada entre 2003 y 2007, si bien la Comisión Europea no la dio a conocer hasta finales de enero de este año. Según la comisaria de Presupuesto, Kirstalina Georgieva, el informe no estaba clasificado, sino que su acceso estaba sujeto a autorización. A instancias del Defensor del Pueblo Europeo, la investigación salió a la luz tras ocho años desde su finalización y ha generado un amplio debate en el Parlamento Europeo sobre el destino final y el control de las ayudas.
El informe de la OLAF concluye que no hay "ninguna duda" de que se han estado produciendo "maniobras fraudulentas organizadas durante un largo periodo", que apuntan a miembros del Frente Polisario con la complicidad de autoridades argelinas.
Pese a conocer el controvertido documento, la Comisión Europea ha continuado destinando la asistencia a través de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), recursos que en la actualidad alcanzan los 10 millones de euros, y cuyo objetivo es, en teoría, atender las necesidades de los refugiados. Pero según este informe, el mercado negro de Mauritania, Argelia o Mali ha absorbido gran parte del auxilio humanitario que se ha dado desde Europa a los exiliados en los campamentos de Tinduf desde 1975, tras la partida de España del Sáhara Occidental y su anexión a Marruecos.
Rechazo al referéndum
El responsable del Frente Polisario en Canarias, Hamdi Mansour, rechaza la veracidad de los datos recabados por la OLAF a través de testimonios y asegura que está "intoxicado" por Marruecos, que se niega a celebrar un referéndum para dar una solución pacífica al Sáhara y a los refugiados de la excolonia española. "¿Si fuera verdad por qué no se han tomado medidas?", cuestiona. El presidente del Fórum Canario-Saharaui, Miguel Ortiz, - que conoce la zona porque estuvo diez años trabajando en el Sáhara español hasta la Marcha Verde de Marruecos sobre el territorio- sostiene que en los mercados de Mauritania es habitual encontrar productos procedentes de ayuda humanitaria destinada a los campamentos de Tinduf.
El informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude destapa que de forma "organizada" el desvío empieza en el puerto de Orán, al norte de Argelia, desde donde se hace una selección de "lo que debe llegar y lo que puede ser desviado", y otra parte se sustrae en el trayecto entre Orán y el campamento de Rabuni, al sur de Tinduf.
El informe expone que el "transporte de Orán a Rabuni, en vez de durar cinco días, tarda entre 15 y 49 días". Cerca de Rabuni existen "depósitos clandestinos, junto a los oficiales, que se utilizan para almacenar parte de la mercancía" que posteriormente se destina a la "reventa". "Los almacenes sirven también para esconder mercancías extraídas de los oficiales y así poder solicitar una asistencia suplementaria".
Los investigadores confirmaron la existencia de productos con el sello de la ECHO en los mercados públicos de Nouackchott (Mauritania), a 1.500 kilómetros de distancia de Tinduf, o de Béchar, en Argelia, ubicada a 800 kilómetros. El informe muestra la extensión geográfica de la desviación de la ayuda internacional que llega a Mali o a Níger, y denuncia el enriquecimiento de funcionarios de Argelia y miembros del Frente Polisario con estas prácticas, al margen de la población refugiada, confinada en medio del desierto. Según la investigación de la OLAF, uno de los motivos que permitieron el desvío de la ayuda humanitaria fue la sobredimensión de la cantidad de refugiados que la Comisión Europea asiste desde 1975. "Las cifras siempre fueron proporcionadas a la agencia de la ONU por el gobierno argelino", expone. "Ni Argelia ni el Frente Polisario aceptaron que las instancias internacionales procedieran a verificar el censo de la población de los campamentos en 1977, 2003 y 2005". Las donaciones a los campos de refugiados entre 1994 y 2004 ascendieron a 105 millones de euros en base a una población de 155.000 personas.
Cuando la ECHO descubrió que sus productos se vendían en mercados, entre finales de 2001 y abril de 2003, empezó la investigación de la OLAF, que en 2004 encargó al Centro Común de Investigación de Ispra (Italia), dependiente de la Comisión Europea, un estudio sobre la población real a través de imágenes satélites, determinando que eran en torno a 90.000 personas. La investigación detectó además el uso de "prisioneros de guerra o civiles como mano de obra en el desvío, para la construcción de instalaciones financiadas con la ayuda internacional (hospitales, escuelas o pozos), mano de obra facturada a los donantes," así como "el reemplazo y la venta de alimentos de Canadá de buena calidad por otros de menor". Expone, además, que en los propios campamentos tenían tiendas con estos productos, con lo que se recupera indirectamente el dinero que circula en los mismos, como las pensiones pagadas por el Gobierno español a saharauis jubilados.
