El Gobierno canario pedirá al Ministerio de Fomento que le informe de la investigación del suceso ocurrido este lunes en el Aeropuerto de Fuerteventura, en cuyas instalaciones murió una turista, y que reponga los servicios médicos de los aeródromos isleños que hayan dejado de tenerlos.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves al consejero regional de Transportes, Domingo Berriel, que solicite al Ministerio de Fomento los resultados de esa investigación, según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo regional su portavoz, Martín Marrero.
Además, el Gobierno canario se dirigirá al mismo ministerio, del que depende Aena, para solicitarle que detalle los recursos humanos y materiales que existen en los aeropuertos canarios para la atención médica.
La administración canaria exige que Fomento "reponga de inmediato" los servicios médicos en todos los aeropuertos isleños donde se hayan suprimido.
Martín Marrero ha recordado que el Parlamento canario aprobó en julio de 2013 una proposición no de ley, que fue remitida a la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, y en la que se instaba a Fomento a reponer los servicios de ambulancias y de primeros auxilios suprimidos en el Aeropuerto de Fuerteventura, donde operaron hasta abril de 2012.
El Gobierno canario considera que el balance económico de la actividad de los aeropuertos de este archipiélago "no justifica los recortes" que se han aplicado a sus servicios y ha recordado el importante tránsito de pasajeros que reciben cada año.
Marrero ha estimado que la ausencia de servicios médicos en aeropuertos como el de Fuerteventura suponen la "consecuencia de la política de recortes que Fomento ha aplicado en Aena" antes de su privatización.
El portavoz del Ejecutivo canario ha subrayado que los ingresos que registran los aeropuertos de esta comunidad autónoma "justifican que se mantengan estos servicios".
El Consejo de Gobierno de Canarias también ha conocido hoy los datos actualizados sobre la atención a la dependencia en las Islas, una vez que, estadísticamente, se han incluido los relativos a las personas atendidas en el sistema regional, lo que ha representado, ha dicho, "un vuelco importante" en relación a los datos que antes aportaba el Ejecutivo español sobre este ámbito.
De esta forma, ahora las estadísticas muestran que en Canarias están registrados 40.808 solicitantes de ayudas a la dependencia, de los que 31.845 han sido dictaminados conforme a lo que establece la ley.
Del global de personas que ya cuentan con un dictamen, 25.627 tienen derecho a una prestación y, de ellos, 23.196 han sido atendidos, de ahí que en la lista de espera figuren 2.400 personas, no menores de 21 años ni mayores de 95, ha precisado Marrero.
El portavoz del Gobierno canario ha informado de que la comunidad autónoma cuenta este año con 130 millones de euros para atender a personas dependientes.
Marrero ha recalcado que, según la ley nacional de dependencia, el Gobierno español tendría que aportar la mitad de ese presupuesto y ha criticado que, sin embargo, sólo destine 26 millones de euros.
