06 de marzo de 2015
06.03.2015

Más de 34.000 parados canarios pueden beneficiarse de la ayuda de 426 euros

La nueva ayuda se puede solicitar desde el pasado 15 de enero y hasta el 15 de abril de 2016

06.03.2015 | 14:23

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes un crédito extraordinario de 850 millones de euros para este ejercicio y 180 millones para 2016 para financiar la ayuda de 426 euros al mes a parados de larga duración con cargas familiares, que han agotado todas las prestaciones, 34.139 en Canarias.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado que el crédito (1.030 millones en total) permitirá financiar la ayuda económica de acompañamiento para parados de larga duración del programa de activación del empleo, aprobado en diciembre de 2014.

La vicepresidenta ha explicado que la financiación de estas ayudas se hace a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal y las comunidades autónomas que tienen que hacer frente a las acciones de inserción, incluidas en el programa.

La nueva ayuda, se puede solicitar desde el pasado 15 de enero y hasta el 15 de abril de 2016, y tiene un universo de posibles beneficiarios cercano a los 450.000 parados, de los que 34.139 serán residentes en Canarias (18.918 en Las Palmas y 15.221 en Santa Cruz de Tenerife).

La duración máxima de la ayuda es de seis meses, si bien las acciones de inserción previstas en el programa pueden continuar con posterioridad a ese plazo.

La cuantía de la ayuda será igual al 80 % del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento.

Esta ayuda es compatible con el trabajo por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, y de duración indefinida o temporal, hasta un máximo de cinco meses, siempre que se desarrolle en empresas o entidades que no formen parte del sector público.

Durante este tiempo, el empresario descontará la cuantía de la ayuda económica del importe del salario que corresponda percibir al trabajador, de manera que el coste laboral esté cofinanciado entre la empresa y el servicio público de empleo.

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