Todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, han apoyado este miércoles una moción socialista en la que se pide al Gobierno que lidere, en el seno del Consejo Interterritorial, un pacto sobre la financiación de los medicamentos, que garantice el acceso a los mismos y la sostenibilidad del sistema sanitario.
Este aspecto se incluía en una enmienda de Coalición Canaria incorporada a la moción, que pedía también la derogación del Real decreto que estableció el copago farmacéutico para los pensionistas y retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales.
La iniciativa instaba asimismo al Gobierno a retirar los recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) "y dejar de poner obstáculos jurídicos" a la subasta de medicamentos de Andalucía, "permitiendo que las comunidades autónomas desarrollen las medidas que consideren adecuadas para conseguir el mayor ahorro farmacéutico, de acuerdo a su capacidad competencial".
La enmienda pedía también que la inclusión de una nueva prestación en el Sistema Nacional de Salud vaya acompañada de una memoria económica que valore el impacto positivo o negativo que pueda suponer.
En la defensa de la moción, la diputada socialista Fuensanta Coves ha asegurado que salvo las organizaciones que representan a las multinacionales del medicamento y el PP, que "se ha alineado con ellas", el "resto del mundo" apoya la subasta de Andalucía, recurrida por el Gobierno ante el TC.
Tras pedir que dejen a esta comunidad tener una sanidad universal, pública y gratuita, Coves ha enumerado las, a su juicio, consecuencias del real decreto aprobado por el Gobierno del PP: incremento del gasto farmacéutico y de las listas de espera, cierre de servicios y exclusión de profesionales sanitarios, entre otros.
En su opinión, siempre que el PP llega al gobierno "trata de recentralizar y de recuperar competencias", pero "las comunidades se han hecho mayores han crecido y cada una ha decidido cual es su futuro".
La senadora de CC María del Mar Julios ha considerado "desleal" impedir que una comunidad establezca mecanismos de eficiencia del gasto y ha pedido al Gobierno que en vez de buscar el enfrentamiento trabaje por cohesionar el sistema sanitario y valore aquellas medidas de ahorro aprobadas por cualquier autonomía.
Por el grupo popular, María del Carmen Aragón ha acusado al PSOE de hacer "una demagogia tremenda" ante la proximidad de las elecciones andaluzas y ha subrayado que con la subasta la Junta de Andalucía ha conseguido que los andaluces "sean pacientes de segunda categoría", motivo por el cual el Gobierno recurrió la medida.
Sin entrar a valorar la subasta de medicamentos, los senadores del PNV José María Cazalis y de CiU Coralí Cunyat han coincidido en pedir al Gobierno que respete "escrupulosamente" las competencias de las comunidades autónomas y también en la necesidad de derogar el real decreto.
La senadora de Entesa Mónica Almiñana ha opinado que un país en crisis no puede permitirse "boicotear" a las comunidades que intentan reducir el gasto sanitario y ha asegurado que los andaluces tienen "un trato absolutamente justo en el acceso a los medicamentos".
