La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite la querella presentada por uno de los imputados del caso Corredor, el empresario Evaristo González, contra el juez César Romero Pamparacuatro, lo que implica, según fuentes jurídicas, que el juez se aparte de la instrucción de este caso.
González había denunciado al juez por un presunto delito de retardo malicioso en la administración de justicia en este caso en el que están imputados, entre otros, el alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
El empresario lagunero había denunciado al juez instructor por la demora en la notificación de un auto debido a la falta de un escáner en el juzgado.
Fuentes jurídicas han indicado a Efe que el caso previsiblemente será instruido a partir de ahora por la juez de apoyo al juzgado de instrucción número 1 de La Laguna.
El portavoz de las defensas del caso Corredor, Carlos Álvarez, ha dicho que la decisión del TSCJ podría desembocar, aparte de en el cambio de magistrado en el 'caso Corredor', en que la propia instrucción se paralice porque el juez César Romero Pamparacuatro ha incumplido las "garantías básicas" de los imputados.
El letrado ha adelantado que los abogados van a pedir la cuestión prejudicial penal al TSCJ y que se pare el caso.
Carlos Álvarez ha señalado que si existe un "retraso malicioso" en la instrucción por parte de un juez, se cae "una de las garantías básicas" de los imputados en el proceso penal.
El abogado ha asegurado que uno de los principios básicos en la nulidad del procedimiento penal es que un juez tramite "maliciosamente" una instrucción, mientras que ha insistido en que, en el caso de que el TSCJ admitiese la cuestión prejudicial penal, el 'caso Corredor' se "pararía en seco".
El juez César Romero Pamparacuatro comenzó la instrucción de este caso en sustitución de la jueza Matilde García Flores, que la había comenzado en 2010 y que autorizó unas escuchas que dieron lugar al caso Corredor.
Esta semana el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna (Tenerife) dio por reconstruido el auto de 2010 que autorizó las escuchas telefónicas, que habían desaparecido de la causa.
El magistrado César Romero Pamparacuatro considera que se han presentado suficientes pruebas de que ese auto existía y de que desapareció de la causa por razones "totalmente desconocidas e inexplicables" antes de que esta fuera foliada (como se denomina en el argot judicial al acto de numerar todas las páginas del expediente, para garantizar que no sufre mutilaciones).
Las defensas de la mayoría de los imputados en el "caso Corredor", anunciaron que impugnarán ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife la reconstrucción del auto de 2010 que autorizó las escuchas telefónicas.
