La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la nulidad de parte de las escuchas telefónicas practicadas desde el 20 de septiembre de 2010 en el marco de la investigación del caso Corredor, en el que está imputado el alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Si se acuerda la nulidad de esta parte de las escuchas, Clavijo podría dejar de estar imputado en un posible delito de tráfico de influencias, según han confirmado a Efe fuentes judiciales.

El caso Corredor, por el que están imputados unas 44 personas, consta de varias piezas separadas.

Clavijo figura como imputado por presuntos delitos por tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por ayudas a realojados de Las Chumberas y expedientes relacionados con el ocio nocturno en La Laguna.

La petición del Fiscal se conoce un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias haya admitido a trámite la querella presentada por uno de los imputados del caso Corredor, el empresario Evaristo González, contra el juez César Romero Pamparacuatro, lo que ha implicado que el juez se aparte de la instrucción de este caso.

Las escuchas telefónicas han suscitado controversia, ya que desapareció el auto que 2010 que autorizó estas intervenciones, lo que ha generado dudas sobre la legalidad de las pruebas obtenidas a partir de la información recabada en las escuchas que se hicieron al empresario Evaristo González Reyes y a Clavijo.

No obstante, el juez César Romero Pamparacuatro dio por reconstruido esta semana el auto de 2010 que autorizó las escuchas telefónicas.

Pamparacuatro consideró que se habían presentado suficientes pruebas de que ese auto existía y de que desapareció de la causa por razones "totalmente desconocidas e inexplicables" antes de que esta fuera foliada (como se denomina en el argot judicial al acto de numerar todas las páginas del expediente, para garantizar que no sufre mutilaciones).

El instructor creyó acreditado que su antecesora en el juzgado dictó ese auto de autorización de escuchas telefónicas el 21 de abril de 2010, que esa resolución figura en el sistema informático de los tribunales (Atlante) y que su contenido es el que recoge la copia que ahora ha aportado al procedimiento el Ministerio Fiscal.