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El juego del ratón y el gato

Evaristo González se ha querellado dos veces contra el magistrado y logró apartarlo de la instrucción del caso durante nueve meses

Evaristo González. DELIA PADRÓN

El abogado y empresario Evaristo González ha logrado apartar de la instrucción del caso Corredor al juez César Romero Pamparacuatro, que tendrá que dejarla hasta que se resuelva la querella por retardo malicioso, tal y como ha decidido la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No es la primera querella que le presenta este empresario ni el primer intento de alejar al juez que ordenó su detención y le envió a prisión provisional en febrero de 2012.

González está acusado en el caso Corredor de una colección de delitos, desde fraude a la Seguridad Social a estafa, pasando por el robo con violencia o la falsedad documental y sobre todo de ser el cabecilla de una organización criminal.

Antes no tuvo tanta suerte pero sí había logrado apartar durante un tiempo a este juez en dos ocasiones: las dos veces que solicitó su recusación y que dieron como resultado principal que en el caso no se movió un papel durante meses. El querellante acusa al juez de retardar maliciosamente la causa por mantener el secreto de las actuaciones durante 24 meses, aunque durante nueve de ellos no estuvo trabajando en el caso precisamente porque tuvo que apartarse hasta que se resolvieron las recusaciones. El juez que lo sustituyó de forma temporal no ordenó ninguna diligencia, más allá de prorrogar el secreto.

Las razones por las que el magistrado no entregó la causa a las partes hasta el pasado mes de noviembre se encuentran reflejadas en el auto de levantamiento de secreto y en la pieza 16. El Juzgado número 1 de La Laguna carecía de un escáner para poder digitalizar toda la causa, que ya tenía más de 10.000 folios y entregarla a casi cincuenta partes, que formaban las cuatro piezas del caso. La alternativa a hacer entrega a todas las partes de la causa digitalizada era permitir el acceso al sumario original a cada una de ellas, pero el juez no se fiaba.

Hay que recordar que Evaristo González es el único imputado en otro caso que se instruye también en los Juzgados de La Laguna y que investiga la desaparición de un auto relevante del caso Corredor. No es el principal sospechoso del caso sólo por el hecho de que sería uno de los grandes beneficiados si se decretara la nulidad de parte de la causa por esa desaparición, sino principalmente porque en las conversaciones grababas a su teléfono móvil, el abogado se jactaba ante un interlocutor de que tenía acceso a los legajos de los Juzgados de Tenerife. De ahí que el juez, entre otras razones, prefiriera esperar al escáner.

En mayo de 2012, González salió en libertad bajo fianza de 300.000 euros después de estar tres meses en prisión preventiva. Una fianza que su abogado quiso pagar en efectivo y que tuvo que pagar finalmente con un talón. Pocos días después de salir de la cárcel se querelló por primera vez contra Pamparacuatro, en esta ocasión por revelación de secretos, pero no se admitió a trámite. El paso siguiente fue optar por la recusación, que tardó en resolverse cuatro meses. La Audiencia provincial decidió que el juez siguiera en su sitio, pero González no pierde el tiempo y al día siguiente presenta una nueva recusación, esta vez por enemistad manifiesta. En esta ocasión tampoco tiene éxito, aunque el caso también se queda estancado. Cinco meses después, la recusación se resuelve con una multa contra Evaristo González de mil euros por temeridad.

En abril de 2013 el juez Pamparacuatro puede acceder de nuevo a la causa y solicita de nuevo un escáner para poder digitalizar el sumario. El juez y el escáner no lograban coincidir porque durante gran parte del tiempo en que el juez estuvo apartado de la causa, el Juzgado número 1 de La Laguna contaba con escáner, pero después se lo retiraron. Ante la petición, el Gobierno de Canarias comunica que el traslado a las nuevas instalaciones del Palacio de la Justicia es inminente, dos meses después, y que en el nuevo edificio habrá escáner.

Llega junio, llega el traslado pero no llega el escáner. En octubre, el juez vuelve a solicitarlo, acompañado de un funcionario de refuerzo para que haga el trabajo de digitalización. El TSJC acepta la petición pero la realidad es que tarda en llegar casi un año. Finalmente, y tras escanear en lo esencial las actuaciones, se alza el secreto el pasado mes de noviembre, y se concede inmediatamente un juez y un funcionario de refuerzo parta que se dedique en exclusiva a la digitalización.

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