La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna un escrito en el que solicita la "nulidad parcial" de las intervenciones telefónicas, realizadas entre el 21 de septiembre de 2010 y el 21 de octubre del mismo año, a diversas personas a las que se venía investigando en relación con el denominado caso Corredor, procedimiento en el que está imputado el alcalde de La Laguna y candidato por Coalición Canaria (CC) a la Presidencia del Gobierno regional, Fernando Clavijo, entre otros responsables políticos y funcionarios de la Corporación local, así como empresarios del ocio nocturno de dicha ciudad que presuntamente fueron favorecidos. En la causa se incluyen también irregularidades en el cobro de ayudas públicas y presuntos enchufos en empresas que prestan servicios al ayuntamiento.
Fuentes jurídicas señalaron ayer a que en el caso de que la magistrada acepte la nulidad de las escuchas correspondientes a ese mes en concreto, Fernando Clavijo y el presidente de la asociación de vecinos Fav Aguere, Francisco Barreto, podrían quedar desimputados en relación con un expediente de licencia de apertura de la cafetería Plaza, siempre y cuando no hayan otros documentos en el sumario que relacionen a ambos con este asunto por el que se les acusaba de un presunto delito de tráfico de influencias.
Según el auto de imputación del 11 de noviembre de 2014, Barreto llamó por teléfono a Clavijo el 15 de octubre de 2010 y en esa conversación el primero le pide al alcalde que "acelere, se interese o medie" en la licencia de una obra menor a una cafetería del barrio de La Cuesta llamada Plaza -aunque el juez César Romero Pamparacuatro confunde en el auto con el bar La Estación-. El magistrado entiende que Clavijo pudo hacer gestiones para ello pues según indica la Policía y recoge el auto, la licencia posterior de apertura se le concede a su titular pese a haber hecho obras previamente sin permiso, ni los técnicos municipales acudieron al establecimiento para verificar las deficiencias apreciadas y de cuya subsanación dependía la concesión de la licencia definitiva de apertura..
La nulidad de las escuchas a la que hace referencia en su escrito el Ministerio Público se refiere a la prórroga que debió haber firmado la juez sustituta Matilde Rocío Flores Esquivias, pero que no ha aparecido en el sumario. En la instrucción de este procedimiento también había desaparecido el auto inicial de 21 de abril de 2010 con el que la primera magistrada que se hizo cargo del caso, María Vega, autorizaba escuchas a varios de los investigados. Sin embargo, sí se ha autorizado la reconstrucción del auto inicial para incorporarlo al sumario pero no el posterior de la prórroga.
Respecto a las escuchas sobre la concesión de ayudas a vecinos del barrio lagunero de Las Chumberas, cuyas viviendas quedaron afectadas por aluminosis, quedarían fuera del periodo que se pide anular pues las conversaciones entre Clavijo y la concejal Blanca Pérez, también imputada, se produjeron el 28 de junio de 2010 y el 20 de septiembre, justo un día antes de los pinchazos que la Fiscalía ha pedido anular. La pelota está ahora en el tejado de la magistrada Carmen Rosa Marrero, quien hasta esta misma semana estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la ha designado para encabezar el Juzgado de Instrucción número 1 después de admitir el jueves la querella presentada por el empresario y principal imputado en el caso Corredor, Evaristo González, contra el magistrado Pamparacuatro, al que acusa de "retraso malicioso en la Administración de la Justicia, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, encubrimiento y falsedad de documento público". Por ello, Pamparacuatro ha quedado apartado del caso hasta que el TSJC resuelva la querella.
En febrero, Pamparacuatro retiró a Clavijo la imputación de tráfico de influencias y prevaricación sobre el pub Utopía al entender que el alcalde lagunero no presionó a ningún cargo municipal ni hizo gestiones para retirar un acta sancionadora al local propiedad de José Antonio Santana, presidente de la Federación de Empresarios del Ocio (Fecao). El juez cargó la responsabilidad a la entonces edil de Urbanismo, Aymara Calero, hoy concejal de Deportes. El magistrado también eliminó la imputación contra Clavijo por un presunto tráfico de influencias en el asunto de Urbaser al entender que el político no presionó a la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos para que contratara al sobrino de una representante vecinal.
Este último auto de la Fiscalía causaría, en espera de lo que decida la juez, que Clavijo pierda otra imputación más, la del bar Plaza, y solo se quede con Las Chumberas: de cuatro imputaciones a una.
