14 de marzo de 2015
14.03.2015

La Fiscalía pide 52 años de cárcel para los acusados por el 'caso Las Teresitas'

El exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo es el peor parado

14.03.2015 | 03:50
Manuel Parejo Afonso.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer la apertura de juicio oral por el caso Las Teresitas y pide ocho años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo (CC), ya condenado a tres años de prisión por el caso Mamotreto. También solicita cuatro años de cárcel para el resto de imputados, los exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP); el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín; los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía de Yraola y José Luis Roca, y los empresarios Ignacio González Martín, Pedro González Santiago, Antonio Plasencia Santos y Carlos Plasencia Romero.

"Los acusados, con su comportamiento arbitrario y al margen de los procedimientos reglados, y con su postura antieconómica e irracional, propiciaron un lucro a la empresa Inversiones Las Teresitas a costa de un perjuicio de 39,4 millones de euros a las arcas municipales y, en definitiva, al pueblo de Santa Cruz". Así lo establece el fiscal en su escrito para exigir que los doce acusados reintegren dicha cantidad al Ayuntamiento.

La causa contra el exsenador y exalcalde nacionalista, Miguel Zerolo, también imputado, ha retornado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) toda vez que ha perdido su condición de aforado.

En el escrito, se establece que los hechos acaecidos con la compraventa de Las Teresitas son constitutivos de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. A los exediles, al exgerente de Urbanismo y a los funcionarios se les acusa de ambos, mientras que a los cuatro empresarios, solo del segundo.

Inhabilitaciones

El peor parado es el exconcejal nacionalista Manuel Parejo para el que, aparte de los ocho años de cárcel, la Fiscalía Anticorrupción pide 20 años de inhabilitación absoluta, que se quedan en diez en el caso de Fresco, García Gómez, José Tomás Martín, Víctor Reyes, Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía de Yraola y José Luis Roca, y los cuatro empresarios de Inversiones Las Teresitas, sociedad a la que el Ayuntamiento compró los terrenos de la playa en 2001.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Ignacio González y Antonio Plasencia, de Inversiones Las Teresitas, estaban "totalmente apremiados" por la falta de liquidez para afrontar el préstamo solicitado a Cajacanarias con el fin de comprar los terrenos de la playa a la Junta de Compensación de Las Teresitas. Entonces, Zerolo y Parejo decidieron, "de una forma totalmente unilateral y arbitraria, y sin que hubiera causa alguna que lo justificase", modificar el pleno del Ayuntamiento "para que fuese la corporación local" la que les "ayudase a salir de su situación".

Para ello, promovieron la compra de las once parcelas del frente de la playa, con una superficie de 109.000 metros cuadrados, siendo "totalmente conocedores de que el Ayuntamiento ya tenía cedidos gratuitamente 31.709 metros cuadrados por un convenio de 1986 y a pesar de que se había acordado con la Junta de Las Teresitas", y aprobado en sesión plenaria en enero de dicho año, "la compensación por aprovechamientos urbanísticos".

Para la Fiscalía, los acusados "eran conscientes de que con dicho procedimiento el Ayuntamiento pasaba a afrontar un gasto muy elevado sin que existiese causa alguna que lo justificase, favoreciendo, con la obtención de unos beneficios muy altos, a una entidad privada, Inversiones Las Teresitas, a costa del erario público".

La Corporación local adquirió las parcelas por 52,5 millones de euros, superando en más de 30 millones de euros el fijado en el informe de la arquitecta municipal Pía Oramas y en más de seis, el valor fijado por la empresa de tasación externa contratada. Inversiones Las Teresitas había pagado por ellas 33 millones de euros.

Los terrenos comprados por el Ayuntamiento a la empresa de González y Plasencia han sido valorados judicialmente en el supuesto de expropiación forzosa en 15,2 millones de euros y, en el caso del valor del mercado a la fecha de la compra (18 de septiembre de 2001), en solo 14 millones de euros.

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