El Diputado del Común se vio obligado el pasado año a recordar en 382 ocasiones a las administraciones públicas canarias su deber de colaborar con esa institución y por lo tanto de responder a sus requerimientos y a las quejas de los ciudadanos. La reiterada falta de respuesta es común pero la gota rebosó el vaso en el caso del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Sin contestación tras meses y meses la institución que dirige Jerónimo Saavedra decidió denunciarlo a la fiscalía. A otro consistorio majorero, el de La Oliva, le abrió expediente por obstruccionista.
La denuncia de la capital de Fuerteventura se produjo a causa de la falta de actuación del ayuntamiento frente a la queja de un vecino por una obra ilegal. Ayer mismo un representante municipal debía prestar declaración ante el juez, según anunció Saavedra en la comisión parlamentaria que analizó ayer el informe anual de la institución.
Pese a la necesidad de estos requerimientos de colaboración a las administraciones, Saavedra puso de relieve también que en 2014 aumentaron el número de ayuntamientos que no fueron objeto de ninguna queja: fueron seis en 2013 y aumentaron hasta 22 el año pasado.
"Ha mejorado la relación con el ciudadano en esos municipios, de algo habrán servido las quejas", comentó Saavedra, quien señaló que las resoluciones del Diputado del Común fueron 65 en 2014, de las que 30 fueron aceptadas por la administración afectada, diez no lo fueron y quedan 25 pendientes de contestación.
Saavedra relató además a los diputados que la institución ha mejorado sus procedimientos internos para agilizar los trámites, ya que se tardaba 225 días de media desde la recepción de una queja hasta su resolución definitiva, que se ha reducido a 45 días.
El diputado del Común también se quejó de que en muchos ayuntamientos, especialmente los menos poblados, se aprecia un desconocimiento de las normas básicas del procedimiento administrativo por la inadecuada formación de los funcionarios, lo que afecta a los ciudadanos y en ocasiones puede tener consecuencias ante la justicia de los cargos políticos. Esta situación, subrayó, se ha acentuado en los últimos años por la jubilación de empleados públicos que no han sido sustituidos.
Estas deficiencias de los funcionarios se aprecian sobre todo en el área de hacienda, donde, "por dejadez o ignorancia", en ocasiones no se notifican adecuadamente las actuaciones o no se da pie a los administrados a presentar pliegos de descargo, citó Saavedra como ejemplos.
La falta de formación de los empleados en procedimientos administrativos básicos en materia de hacienda es extensiva a empleados del consorcio de tributos de Gran Canaria, apuntó el diputado del Común.
Saavedra se quejó también de otras actuaciones municipales, como la "burocracia caprichosa" que aplican algunos ayuntamientos contra los discapacitados, a los que se les reclaman certificados adicionales para justificar su situación cuando ya está reconocida por la Seguridad Social.
En cuanto a la aplicación de la ley de dependencia Saavedra advirtió que se ha producido una mejora en la gestión que ha permitido desatascar gran número de quejas anteriores a 2014, relacionadas con el pago a los herederos de personas que fallecieron sin percibir una prestación reconocida.
