Las modificaciones introducidas por el Gobierno canario en la controvertida ley de renovación turística, para cerrar la batalla de los hoteles de cuatro estrellas, ha abierto un nuevo frente que ha provocado la alarma en los hoteleros y empresarios del sector. Hablan ya de mayor intervencionismo del Ejecutivo, de crear inseguridad jurídica y ahuyentar las inversiones, y de que se permiten expropiaciones encubiertas de establecimientos hoteleros consolidados.
En concreto, la reforma que se verá hoy en primera lectura en el Parlamento canario, en el penúltimo pleno de la legislatura, establece como novedad la autorización del traslado de establecimientos hoteleros para la recuperación de espacios de especial valor "natural, cultural o estratégico". Para ello, en su disposición adicional segunda, se plasma un nuevo tipo de clasificación del suelo, que da vía libre para la reubicación de los hoteles cuando el edificio ya esté amortizado por sus dueños, a fin de que desocupen la zona que se proteja. La norma posibilita, a través de un plan de modernización o el plan general municipal, clasificar nuevos suelos turísticos en otro lugar para trasladar las infraestructuras afectadas.
Además, se establece que el traslado será "sin coste para la Administración, cuando se trate de recuperar para el uso público" esos suelos singulares, si bien se podrá compensar a los afectados con algún tipo de gastos de adquisición del suelo, de gestión y de urbanización. Esta medida ha cogido por sorpresa a los hoteleros y los dirigentes de las patronales turísticas.
Representantes de las cadenas Ifa (del grupo Lopesan), Seaside y Satocan coinciden en calificar esta disposición como desproporcionada y arbitraria, y entienden se se ha hecho con el objetivo de dar una salida a la conflictiva reordenación del Oasis de Maspalomas.
Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), sostiene que en la reforma de la ley de renovación, "que ya en sí misma tenía una distorsión importante", al impedir la construcción de hoteles de cuatro estrellas que ahora se corrige, el Gobierno "cuela una disposición adicional que genera un intervencionismo mayor, al propiciar que se puedan desclasificar suelos turísticos ya existentes, con unos criterios totalmente subjetivos", lo que supone una forma de "expropiación encubierta" para trasladar los hoteles a otros lugares, siendo la indemnización el nuevo suelo que se les dé a cambio.
Fraile acudió ayer al Parlamento para reunirse con los grupos de la Cámara que hoy tratarán en el pleno la modificación de la ley turística, con el fin de que no apoyen esta nueva disposición, entre otras cuestiones. A su juicio, de llevarse a cabo, va a tener finalmente "indemnizaciones multimillonarias".
Con esta norma, el Gobierno canario "ha tratado de escabullirse de una responsabilidad que adquirió el pasado agosto cuando anuló el BIC del Oasis de Maspalomas y creó algo peor", al dejar fuera de ordenación a los cuatro hoteles de la "mejor zona de la isla". Aunque la ley no cita expresamente el Oasis, blinda al Gobierno canario de posibles indemnizaciones, puesto que la norma establece que no habrá coste para la Administración cuando se recupere para el uso público suelos "con valores naturales, culturales o estratégicos".
BIC del Oasis
Al anular el BIC del Oasis, el Gobierno planteó proteger todo el palmeral, lo que afectaba a los hoteles de Riu, Ifa (del grupo Lopesan) y Seaside, así como el Centro Comercial Oasis y otras instalaciones de servicios de la zona. Estableció que deberían trasladarse a otro lugar cuando sus propietarios afrontaran procesos de rehabilitación, como es el caso de Riu.
El Gobierno ha seguido negociando con los hoteleros para encontrar una solución a la reordenación de la zona, pero no han llegado a acuerdos.
Fraile afirma que no es de recibo "introducir un artículo en la ley para intentar expropiar sin coste una zona turística", donde los empresarios han creado una industria con trabajadores y han invertido en reformar sus establecimientos. Eso no se paga con suelo en otro lugar, expone. "Es un atropello y no se pueden usurpar los derechos de los empresarios, hay visos de inconstitucionalidad y una expropiación encubierta", insiste.
Para el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros (AEH) de Las Palmas, José María Mañaricúa, lo que hacen es "ahuyentar la inversión y crear inseguridad jurídica", porque los potenciales inversores no se atreverán a hacer hoteles si la legislación permite al Gobierno de turno pedir el traslado de una industria turística consolidada cuando se decida preservar el suelo donde está radicada con criterios absolutamente "discrecionales".
En cualquier caso, recuerda que existe una ley de expropiaciones a nivel nacional con indemnizaciones que se han de cumplir.
