Los grupos políticos valoran de diferente forma la reforma de la ley turística y la disposición adicional segunda que habilita al Gobierno al traslado de establecimientos hoteleros cuando sea necesario para la recuperación de espacios de especial valor natural, cultural o estratégico. El PP se opone a la reforma en su integridad, mientras que tanto el PSOE como Nueva Canarias (NC) respaldan la disposición, aunque la formación nacionalista sí rechaza la nueva redacción del artículo cuatro referido a la construcción de nuevos hoteles.
El portavoz del grupo Mixto y presidente de NC, Román Rodríguez, recordó que su formación ha respaldado todo el proceso de reordenación del espacio del Oasis de Maspalomas. "Apoyamos el expediente aunque no fuimos consultados, hay capacidad legal para reordenar la zona con la actual legislación pero con esta disposición de la ley se da más cobertura legal al Gobierno", señaló Rodríguez.
El parlamentario advierte que no es una actuación "indebida" que el Ejecutivo intente evitar reclamaciones millonarias sobre las arcas públicas por parte de las empresas. En opinión de Román Rodríguez, "el Gobierno tiene que gobernar para la mayoría, es como cuando se reclamaban indemnizaciones multimillonarias por la moratoria turística y al final no consiguieron ni un solo euro, esa parte de la reforma de la ley turística la respaldamos", aseguró el dirigente de la formación nacionalista.
El Partido Popular insiste en que tanto la reforma de la ley como la disposición adicional forman parte del "intervencionismo" del Ejecutivo en el desarrollo del sector turístico de las Islas. Para el diputado popular Miguel Jorge Blanco, la reforma es peor que el resultado pretendido porque ahora el Gobierno "de manera discrecional y arbitraria, porque no hay criterios objetivos en el proyecto, decide qué proyectos inferiores a cinco estrellas pueden ver la luz y cuáles no mientras no aprueben el reglamento, algo que tardará un año o más tiempo".
Los populares estiman que después de casi dos años de vigencia de la Ley de Renovación y Modernización Turística, "se han perdido dos años en inversiones, cada vez se lo ponen más complicado a los empresarios, en vez de ponerles una alfombra roja lo que hacen es generar inseguridad jurídica y ahuyentar las inversiones", aseguró por su parte la portavoz del PP en el Parlamento y candidata a la Presidencia del Gobierno, Australia Navarro.
Por su parte, fuente del PSC señalaron ayer que la aplicación de la disposición adicional segunda de la ley, al igual que el resto, no tendrá efectos retroactivos y entrará en vigor a partir de su publicación en el BOC, por lo que los socialistas no creen que el texto esté hecho exclusivamente a medida de la situación generada en el BIC del Oasis de Maspalomas, sino también para otro tipo de escenarios que puedan surgir cuando colisionen los intereses privados con los generales en un espacio a proteger o de especial relevancia.
El consejero de Obras Públicas y Política Territorial del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, será el encargado hoy de defender en el pleno del Parlamento la reforma de la ley turística, que no sólo se ha limitado a modificar el controvertido artículo cuatro para dar salida a los proyectos hoteleros inferiores a cinco estrellas, sino también para mejorar algunos incentivos a la renovación, las inversiones necesarias por cada plaza renovada y disposiciones como la referida al traslado de hoteles que estén ubicados en zonas protegidas.
El informe del Consejo Económico y Social (CES) también llama la atención sobre esta disposición ya que, bajo su punto de vista, también forma parte de la discrecionalidad y las potestadas que se arroga el Gobierno para decidir qué proyectos o establecimientos pueden seguir adelante y cuáles no. El órgano consultivo demanda del Ejecutivo que concrete propósitos, supuestos y procedimientos para desclasificar suelo turístico en zonas preservadas y ocupadas.
