28 de marzo de 2015
28.03.2015

Rajoy envía al Constitucional la ley de vivienda canaria para que la anule

El Gobierno regional anuncia que "dará la batalla"

28.03.2015 | 01:05

El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, con el dictamen favorable del Consejo de Estado contra varios preceptos de la Ley 2/2014, que modifica la Ley de Vivienda de Canarias. El Consejo invoca el artículo 161.2 de la Constitución española para que se suspenda la aplicación de la ley. En concreto, la normativa canaria contempla la posibilidad de expropiar temporalmente los inmuebles de entidades financieras.

Por su parte, el Gobierno regional, que ayer mostró su total rechazo a la decisión estatal, aclaró que lo que contempla la norma "no es una expropiación de la titularidad de la vivienda, sino de su uso durante un periodo de tres años". Según palabras del portavoz del Gobierno autónomo, Martín Marrero, "no se evita el desahucio, eso sí que sería ilegal, sino que la ley canaria lo que busca es evitar que ese desahucio lleve consigo un desalojo".

Según Moncloa, los preceptos impugnados son similares a los aprobados por otras leyes de Andalucía y Navarra, remitidos con anterioridad al Constitucional por los mismos motivos y cuya vigencia ha sido suspendida.

Al respecto, Marrero criticó que el acuerdo ministerial "está hecho como mero acto reflejo" a las decisiones ya tomadas sobre la ley andaluza y la navarra, "y no ha tenido en cuenta que nuestra norma, aprobada con posterioridad a dichas impugnaciones, se hizo teniendo muy en cuenta evitar los preceptos rechazados por Madrid"

Con ésta ya son tres las normas legislativas canarias que el Estado impugna y suspende ante el Tribunal Constitucional en apenas un año, lo que ha generado una fuerte tensión política e institucional entre ambos ejecutivos. El rechazo a la ley de vivienda se suma al contencioso planteado contra la ley de Renovación y Modernización Turística, y contra los dos decretos de consultas en relación a las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las Islas.

Tal y como apunta el Gobierno central, la ley canaria incluye como contenido esencial del derecho de propiedad privada de las viviendas, el deber de destinarlas de forma efectiva al uso habitacional y, en consecuencia, define el concepto de "vivienda deshabitada", regulando infracciones y sanciones en conexión con dicho concepto.

El Gobierno entiende que el derecho de propiedad es de naturaleza civil, cuyas condiciones básicas han de ser reguladas por el Estado para que el ejercicio de este derecho se realice en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, "por lo que Canarias no es competente en su regulación".

Por su parte, el Ejecutivo regional entiende que según el Estatuto de Autonomía, sí tienen competencia en la materia, y por tanto puede definir la vivienda como un bien social", según palabras del portavoz.

Marrero informó que el Gobierno ha decidido "dar la batalla" por la defensa de su norma ante el Constitucional. "Nos sorprende la defensa que hace el Estado de las entidades financieras que mantienen un numeroso parque de viviendas vacías producto de desahucios y no de las personas con dificultades que no pueden hacer frente a sus hipotecas por causas sobrevenidas", declaró.

En todo caso, informó, que tan sólo la aprobación de la ley y su vigencia a día de hoy "ya ha supuesto un importante beneficio para las familias afectadas", porque se ha llegado a acuerdo con entidades bancarias -Caixabank y Bankia- para poner en alquiler social el parque de sus viviendas vacías, mediante convenios que eviten "no el desahucio, sino el desalojo de esas casas".

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