"Los empresarios hoteleros no tienen ni idea de lo que leen" sobre los cambios introducidos por el Gobierno canario en la ley de renovación turística. "Que lean bien las cosas, porque la interpretación que hacen es disparatada." Así de contundente se expresó ayer Domingo Berriel, consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, sobre las críticas formuladas por hoteleros y dirigentes empresariales del sector, ante la inclusión, a última hora, de una disposición adicional en la norma turística, que ayer se debatió en el penúltimo pleno de la legislatura en el Parlamento regional.
Los empresarios acusan al Gobierno de Paulino Rivero de "colar", en la reforma de la ley, la "expropiación encubierta" de establecimientos hoteleros consolidados en suelo turístico, con criterios "totalmente discrecionales y sin coste para la Administración".
Además, critican que la Consejería de Política Territorial haya introducido esta disposición al final del mandato, sin previa consulta con el sector turístico, y con la única intención de blindar al Gobierno de eventuales indemnizaciones millonarias por las infraestructuras turísticas afectadas en la controvertida reordenación del Oasis de Maspalomas.
En concreto, la disposición establece que se podrá recuperar para el uso público el suelo con especial valor "natural, cultural o estratégico" ocupado por establecimientos turísticos. Esos hoteles tendrán que trasladarse a otros lugares, para lo cual se crea una figura en la ley de renovación que permite clasificar nuevos terrenos en otras zonas turísticas para albergarlos, "sin coste alguno para la Administración".
Para los representantes de grandes cadenas como Ifa Hotels (Grupo Lopesan), Seaside o Satocan, y las patronales hotelera, y de hostelería y turismo (AEH y FEHT), esta disposición adicional, de aprobarse en el último pleno de la legislatura el 14 de marzo, generará un mayor intervencionismo de la administración, creará inseguridad jurídica y, en consecuencia, ahuyentará a los inversores.
Domingo Berriel no sólo rechazó ayer dichas acusaciones sino que las tachó de "disparates" de los empresarios porque, a su juicio, no saben interpretar la ley. Consideró que " no tienen ni idea de lo que están leyendo, y lo puede poner así", apuntó a LA PROVINCIA / DLP.
"Es asombroso que saquen esas conclusiones", aseveró, al tiempo que explicó que la disposición adicion lo que permite es que se pueda clasificar nuevo suelo turístico "en los planes generales, para viabilizar operaciones de sustitución -de establecimientos- que están previstas e incentivadas en la ley de renovación turística. El planificador, que antes no podía, ahora puede clasificar nuevo suelo turístico para posibilitar el realojo de hoteles cuando, por convenios urbanísticos o por cualquier otra circunstancia, se decida que se han de sustituir", explicó.
Tranquilidad
Abundó que en esta disposición se plasma que "se puede clasificar suelo para compensar el traslado sin coste para la Administración, pero al que no quiera que se le compense con suelo, no pasa nada, tienen derecho" a indemnizaciones. En cualquier caso, subrayó que "si lo que les preocupa - a los hoteleros-es que el Gobierno puede obligarles a que se vayan por narices y cojan otro suelo a cambio, radicalmente no es así. Que duerman tranquilos".
Asimismo, rechazó que esta nueva norma tenga que ver con la reordenación del Oasis de Maspalomas, donde empezó afectado el hotel de la cadena Riu con el BIC que pretendía el Cabildo grancanario y que rechazó el Gobierno en agosto. El Ejecutivo formuló entonces la necesidad de recuperar toda la zona, lo que ha afectado a los tres hoteles restantes, el centro comercial y los apartamentos, al plantear que deben trasladarse a otro lugar cuando afronten procesos de rehabilitación, a lo que se niegan los propietarios. La negociación sigue abierta.
A María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, no le sentó nada bien ayer las declaraciones de Domingo Berriel. Ni tampoco al presidente de la patronal de turismo, Fernando Fraile. A juicio de Gil, "los empresarios lo que saben hacer es generar productividad para que nuestra tierra prospere y arriesgan su dinero, y lo mínimo que se merecen es un respeto". "Lo que hemos aprendido es a leer entre líneas -enfatizó- porque llevamos veinte años de litigio con el mismo discurso: denunciando las injerencias y el intervencionismo del Gobierno en el territorio".
En su opinión, la "disposición es una fórmula para solucionar el BIC del Oasis pero en esta ocasión generalizan, y lo peligroso es que el instrumento está creado en la ley - la desclasificación de suelo turístico consolidado- y ¿cómo se va a invertir en una tierra donde nunca se sabe lo que va a pasar?", cuestiona. "A lo mejor el Gobierno nos lo ha explicado mal, como casi todo lo que ocurre con la ley y la normativa del territorio, que es oscurantista e innecesaria", sentencia.
Para Fraile, la disposición adicional la han puesto de "golpe y porrazo", sin previo aviso, y su único objetivo es servir como "cortafuegos al tema del Oasis y salvaguardarse de las indemnizaciones". "Si no va a suponer expropiaciones ni nada, como dice el consejero, que no la pongan, que la quiten", subrayó.
