La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones en la causa abierta contra el alcalde de La Laguna y candidato por Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la pieza separada 22 del denominado caso Corredor, en el que se investigaba presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad documental. La fiscal María Farnés, en su escrito al Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna "no aprecia delitos" en los hechos de los que se le venía imputando.
A principios del mes de febrero ya se archivaron dos imputaciones contra Clavijo por tráfico de influencias y prevaricación.
El primero de los archivos se centraba en el pub Utopía -en la zona de ocio de la ciudad tinerfeña-, al considerarse que el alcalde no presionó a ningún cargo municipal ni hizo ninguna gestión para que se retirase un acta sancionadora de precinto, cierre y multa al local propiedad de José Antonio Santana, presidente de la Federación de Empresarios del Ocio.
También se anuló la imputación por un presunto tráfico de influencias relacionado por la empresa Urbaser al considerarse que el alcalde lagunero no presionó a la concesionaria del servicio de recogida de residuos para que contratara al sobrino de una representante vecinal que le había llamado por teléfono para ayudarla.
El sobreseimiento provisional que solicita ahora la Fiscalía afecta, además de a Fernando Clavijo, al resto de los hasta ahora imputados en esta pieza separada y que son: Juan Pedro Lutzardo (agente de Policía), Evaristo González (empresario del ocio nocturno), Blas Enríquez (mando policial), Juan José Díaz (exjefe de la Policía Local), Blanca Pérez (concejal de CC), María José Castañeda (Concejal del PSOE), Bruno Febles, Ricardo González (asesor del Ayuntamiento) y María Cristina Afonso.
Locales nocturnos
En el procedimiento a Clavijo quedaban pendientes las imputaciones por supuestamente haber influido -cuando era concejal de Seguridad Ciudadana- para que determinados locales de ocio nocturno laguneros incumplieran el horario de cierre o evitar órdenes de precinto, así como un presunto fraude en la concesión de las subvenciones a dos de los afectados por aluminosis en edificaciones del barrio de Las Chumberas, forzando además su realojamiento con la colocación de puntales en sus viviendas para obtener informes favorables para su traslado al considerarse las viviendas inhabitables. Esos vecinos eran el entonces portavoz vecinal y hoy asesor municipal Ricardo González y la edil socialista María José Castañeda. Farnés señala que "no existen indicios de que Clavijo cometiera delito alguno en relación con esos hechos concretos".
En relación al caso de los locales de ocio, la fiscal señala que "si bien es cierto que al inicio de las actuaciones había indicios suficientes para entender que pudiera haber un pacto entre las autoridades de La Laguna y diversos empresarios de la localidad para permitir el cierre de sus establecimientos en contra de lo dispuesto por la ley 1/1998 y de que algunas autoridades sabían que un policía local podía estar extorsionando a algunos hosteleros sin que se hubieran tomado medidas para perseguir este delito, esos hechos no han sido acreditados y no se aprecian indicios ni del delito de prevaricación, del de cohecho ni del delito de negativa a promover la persecución de los delitos", afirma la fiscal.
Por lo tanto, Farnés considera que deben ser sobreseídas tales acusaciones para Clavijo y para el resto de los imputados en ellas, que se originaron a raíz de la denuncia interpuesta en 2008 por el empresario de ocio nocturno que gestionaba el pub Sketch, Carlos David Calderón y su pareja sentimental por entonces Isaac Tacoronte.
En aquella denuncia se señalaba un supuesto pacto tácito entre el abogado y empresario Evaristo González y responsables de la corporación local. Según ese acuerdo los segundo harían la vista gorda con el horario de cierre o llegado el caso de que se levantaran actas de sanción o cierre se guardarían sine die en algún cajón. Asimismo declararon que eran víctimas del acoso o las presiones de González para que al Sketch se le sancionara todas las veces que fuera posible.
Sin embargo, entre otras pruebas documentales, se aportó la documentación sobre las actas de sanción levantadas por la Policía Local entre los años 2004 y 2007 con un informe en el que se concluye que en ese periodo se sancionó 16 veces al Sketch, pero también a otros locales de la misma zona, incluidos la discoteca Palco (14) y el BB+ (133), los dos propiedad de Evaristo González.
Las Chumberas
Sobre el presunto fraude en las subvenciones para ayuda al pago del alquiler en el realojamiento de Ricardo González y María José Castañeda, apunta Farnés que si en un principio esos hechos podían ser constitutivos de un delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, sin embargo tras practicarse distintas pruebas y a pesar de la existencia de diferentes conversaciones telefónicas, no se ha acreditado la existencia de los mismos.
Respecto a un presunto apuntalamiento innecesario de dichas viviendas, son los técnicos de la empresa Intemac quienes declararon que debido a que se debía apuntalar "toda la vivienda superior" a la de González se hacía aconsejable apuntalar todo el baño de la de éste, quedando inhabitable. Por su parte, los técnicos y funcionarios de la Gerencia municipal de Urbanismo señalaron que seguían las instrucciones de los técnicos de Intemac y que en todos los casos en los que se apuntalaba una vivienda debía hacerse lo mismo con las inmediatamente inferiores.
Farnés "no descarta que pudiera existir alguna irregularidad en el procedimiento" que permitió a esos dos vecinos cobrar unos 50.000 euros, en total, en subvenciones a través del convenio suscrito por el Estado, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna para las viviendas afectadas por aluminosis. Sin embargo, subraya que no compete al Derecho Penal entrar en lo que parecen "meras irregularidades o ilegalidades", que corresponde examinar a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, sino actuar solo sobre aquellos casos en los que la transgresión de la norma "incida de manera significativa en los administrados y en la comunidad, con perjuicio potencial o efectivo de los intereses de ambos o de la causa pública".
