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Los contratos en La Luz El informe de la Autoridad Portuaria

El Puerto se comprometió a perdonar el retraso en la Esfinge sin aval jurídico

La directiva de Sánchez-Simón se negó a ampliar el plazo de ejecución del dique, pero cambió de criterio tras los reparos del Estado para recepcionar las obras El director y el jefe de Obras firmaron un acta que exculpa a la UTE de las demoras

Informes que legitiman la reclamación de las empresas. LA PROVINCIA / DLP

El equipo del Puerto que dirigió la obra de la segunda fase de la Esfinge firmó dos documentos encaminados a eximir al contratista de los retrasos en la ejecución del dique. Los trabajos fueron adjudicados en 2007 por 46,3 millones a una Unión Temporal de Empresas integrada por FCC, Dragados, Félix Santiago y Matías Marrero, pero la obra no se recepcionó hasta julio de 2012, esto es, tres años después del plazo de finalización previsto en el contrato, cuya ejecución es investigada desde diciembre por la Fiscalía de Las Palmas tras las denuncias cruzadas del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, y de su antecesor en el cargo, Javier Sánchez-Simón.

Uno de los informes está firmado el 5 de julio de 2011 por el director de la Autoridad Portuaria en ese entonces, José Daniel López, quien se compromete a proponer la ampliación del plazo de ejecución en el próximo consejo de administración. El otro documento está rubricado ese mismo día por López y por Miguel Ángel Larraz, que en ese momento era jefe del departamento de Obras. Ambos sostienen que "la diferencia entre la fecha final de obra y la real de terminación se considera suficientemente justificada por obedecer a circunstancias no imputables al contratista ni a la Autoridad Portuaria".

Sin embargo, la proposición de López y de Larraz, que no iba acompañada de informe jurídico, es contradictoria respecto al criterio seguido hasta ese instante. La UTE solicita por primera vez la ampliación del plazo el 24 de julio de 2008 y lo reitera el 19 de noviembre de 2009, con el argumento de que la Autoridad Portuaria incumplía los plazos para pagar los certificados de los trabajos y éstos no se ajustaban a la realidad de la obra hecha, pero la dirección facultativa se opone y el consejo de administración rechaza la petición el 11 de febrero de 2010.

Causas de la demora

La UTE presenta un nuevo escrito e insiste en que la demora obedece a los desajustes de las anualidades, las modificaciones de las obras y el retraso en el fondeo de los cajones (esta última causa se incorpora nueva).

La dirección de obra vuelve a rechazar la solicitud de la UTE, incluso firma el 29 de octubre de 2010 la certificación número 35, que es la última de la obra y viene a confirmar que todo está ejecutado, siempre con arreglo al proyecto y el importe adjudicado. En ese momento la Autoridad Portuaria no aplica las penalizaciones correspondientes, sino que el 8 de junio de 2011 solicita por escrito a Puertos del Estado la recepción provisional de las obras. Tras ese trámite es cuando López y Larraz cambian de criterio e informan a favor de prorrogar la obra. ¿Por qué? El inspector del Ministerio de Fomento recoge en el acta que los trabajos realizados no se ajustan al proyecto original. Entre las anomalías más graves destaca la elevación del dique en dos metros. Por eso se destruye el acta y se inician los trámites para aprobar un modificado del proyecto que regularice esos cambios, entre otros motivos porque están en juego las ayudas aportadas por la Unión Europea para construir esa parte de muelle. De ahí los informes suscritos el 5 de julio de 2011 por López y Larraz para ampliar el plazo de la obra, una postura totalmente contraria a la mantenida hasta ese momento.

Esos informes no tienen fecha de salida de la Autoridad Portuaria ni obraban en el expediente de contratación, sino que fueron aportados por la UTE el 30 de septiembre de 2013, es decir, cuando las empresas presentan una reclamación de cantidad para que el ente público les abone todas las obras ejecutadas que no estaban en el contrato y fueron hechas a instancias de López y de Larraz. Esa reclamación, de 12,5 millones, precipita la revisión del expediente por parte del Ministerio de Fomento, que emite un informe y es enviado a la Fiscalía por Luis Ibarra.

En esa documentación se explica la postura "incongruente" de Sánchez-Simón y su equipo directivo, pues "oficialmente" dijeron que no existía justificación suficiente para prolongar el plazo de ejecución de las obras y luego, "de manera extraoficial", reconocieron que la demora "obedece a circunstancias no imputables al contratista", todo ello sin aplicar las certificaciones de las penalizaciones por el retraso. Ese cambio de criterio también ha sido reconocido ante el fiscal por el delegado en Canarias de FCC, Juan Madrigal, que prestó declaración el pasado 17 de abril y responsabilizó a Sánchez-Simón y sus técnicos de todas esas anomalías.

La nueva directiva, con José Miguel Pintado en sustitución de José Daniel López, regularizó la situación el 28 de noviembre de 2011, fecha en la que el consejo de administración aprueba la reclamación de ampliación del plazo hecha por la UTE, aunque condicionada al resultado del proyecto con el modificado de las obras. Esa resolución de Ibarra y sus consejeros es avalada por los informes de cuatro departamentos distintos.

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