Asume una consejería que no le es desconocida, ya que los últimos cuatro años fue director general de Función Pública ¿le sirvió para curtirse en el oficio?
Sí, además, soy funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores y he desarrollado mi trayectoria profesional en el ámbito de la administración pública.
¿Dejó el listón muy alto su antecesor en el cargo, Francisco Hernández Spínola?
Los hechos lo avalan. La gestión que se ha realizado estos cuatro años ha sido muy reconocida, no sólo dentro de la administración, sino también por los agentes externos. Se han aprobado tres leyes históricas en el ámbito de la administración autonómica, como la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información y las leyes de Municipios y de Cabildos. Las tres fueron consensuadas con los grupos parlamentarios y se van a mantener durante mucho tiempo en el escenario jurídico y político de la Comunidad Autónoma. Van a ser el eje para desarrollar un nuevo proceso de descentralización de competencias en esas corporaciones.
¿Cuáles son sus prioridades a medio plazo?
Medidas importantes y que guardan relación con el buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Un departamento como el nuestro tiene que promover normas de buen gobierno para que los ciudadanos sientan una mayor empatía con la administración pública y sus gobernantes. Eso se tiene que conseguir con la aprobación de un estatuto, donde queden claramente delimitados cuáles son los requisitos que deben cumplir los miembros del gobierno y los altos cargos para acceder a esas responsabilidades y que queden determinados cuáles son los principios y valores éticos que deben tener para el ejercicio de esas responsabilidades.
¿Qué incluirá ese estatuto?
El estatuto afectará a los miembros del gobierno y a los altos cargos, consejeros, vicencosejeros y directores generales, y fijará los requisitos que se tienen que cumplir para acceder a cada cargo. Habrá que consensuarlo.
¿Se llevará al Parlamento?
Hay que ver qué tipo de norma es la que se aprueba. Si hablamos de disposiciones reglamentarias o si es necesario alguna disposición con rango legal. Hay que determinarlo. Lo que está claro es que deben aprobarse normas de buen gobierno y para evitar los casos de corrupción. Esto nunca ha existido en el ámbito autonómico. Sólo está regulado el régimen de incompatibilidades de los altos cargos. El compromiso del Gobierno canario es evitar que haya cargos que puedan ser imputados.
¿Esto afectará también a altos cargos de entidades dependientes del Gobierno regional?
Inicialmente estamos hablando de altos cargos de la administración autonómica. Hay que analizar si eso se extiende a todo el sector público autonómico, es decir, a los organismos autónomos y entidades públicas que dependan de la administración autonómica.
¿Va a ser efectiva la Ley de Transparencia?
Tiene que serlo. Cuando hablamos de las normas de buen gobierno y de la lucha contra la corrupción para que los ciudadanos puedan volver a recobrar la confianza en las instituciones deben tener toda la información necesaria para saber qué se hace con el dinero público en las distintas administraciones. Eso se consigue a través de una información transparente y clara. Estos años desarrollaremos la ley y mejoraremos el portal de transparencia.
La Ley de Función Pública, que regula el funcionamiento del personal de la Comunidad Autónoma y los servicios que se prestan estuvo paralizada en las dos últimas legislaturas, ¿usted pretende modificarla por fin?
En Canarias tenemos una Ley de Función Pública de 1987. El Estado con carácter básico aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público en el año 2007 y desde entonces se intentó abordar una modificación de esa ley regional para adaptarla a la normativa estatal. En la legislatura pasada no se pudo aprobar una nueva legislación en las Islas porque cuando el PP entró en el Gobierno central a finales de 2011 transmitió su intención de cambiar el Estatuto de 2007. De ahí que, por cautela, paralizamos la tramitación de la Ley de Función Pública.
¿Ahora van a esperar a las próximas elecciones generales?
Empezaremos a trabajar en el texto, pero sí es cierto que sin la necesidad de esperar a la celebración de las elecciones generales sí preguntaremos a los responsables políticos actuales del Ministerio si tienen intención de abordar modificaciones de mayor calado dentro del Estatuto Básico. Si no es así podremos tener las reglas del juego básicas para efectuar un desarrollo del texto que no suponga en ningún caso interferencias de quién tiene las competencias.
Como director general de Función Pública tuvo que lidiar con la etapa más complicada desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos. ¿Ahora con la mejora económica será más fácil gestionar a los 60.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma?
Hemos pasado una legislatura muy complicada desde el punto de vista económico. La sociedad ha sufrido mucho por los recortes en todos los ámbitos por todas la administraciones y en el empleo público también sucedió de la misma forma. Al frente de la Dirección General de Función Pública esta Consejería tuvo que abordar medidas necesarias para cumplir con los objetivos de déficit que marcaba el Gobierno central y, a su vez, la Unión Europea. Lo que siempre presidió la actuación de este departamento fue hacer todos los esfuerzos necesarios para mantener el empleo y se consiguió. La reducción que se produjo de empleados públicos desde 2011 a 2015 fue estrictamente como consecuencia de jubilaciones, fallecimientos y excedencias sin reserva de plazas en los distintos departamentos de la administración autonómica y que no podían reponerse porque el Estado no permitía la aprobación de ofertas de empleo público.
¿Habrá oposiciones?
Sí. Al final de la anterior legislatura se aprobaron tres ofertas de empleo público: la de personal docente no universitario; la del personal estatutario del Servicio Canario de Salud; y otra para la Administración General. Vamos a seguir aprobando ofertas de empleo público en los próximos cuatro años. Entendemos que es absolutamente necesario. Reivindicaremos al Estado que se revisen los límites de la tasa de reposición de efectivos.
Las patronales se quejan de que incluso en época de crisis se ha ido ampliando el personal en el sector público.
En el ámbito de la administración autonómica no ha sido así. Los datos estadísticos así lo muestran. Del 2011 al 2015 se ha producido una reducción de empleados públicos en la administración autonómica por jubilaciones, fallecimientos y excedencias que no han podido reponerse. No comparto la reflexión de la patronal. Los empleados públicos que tenemos son, como mínimo, los necesarios para poder prestar los servicios de calidad que día a día demanda la ciudadanía canaria y en algunos casos incluso deben ser reforzados, por ejemplo para bajar las listas de espera en Sanidad.
¿Cree que hay que disminuir los altos cargos?
Cualquier organización necesita dirección estratégica y política. En algunas ocasiones disminuir el número de cargos exclusivamente por la trascendencia mediática de informar de la reducción de los mismos puede generar problemas luego en la gestión.
¿Prevé incrementar el traslado de personal según las necesidades?
Estos cuatro años se ha trabajado en estas medidas y en la legislatura que comienza se irá profundizando en una racionalización de la estructura para que los empleados públicos presten servicios donde sean más necesarios. Eso va acompañado no sólo de medidas de movilidad, sino también ligadas a la formación de los trabajadores, que pueden estar prestando servicios en determinadas áreas y que necesiten ser reciclados para trabajar en otros departamentos.
¿Qué iniciativas impulsará desde su consejería para acabar con la excesiva burocracia?
Planteamos una estrategia de simplificación administrativa, que tiene que ir ligada a las áreas prioritarias para el Gobierno autonómico. La reducción o simplificación de distintas normativas deben ir encaminadas a potenciar el desarrollo económico del Archipiélago. Se trata de analizar no sólo las normas existentes, sino establecer las pautas para las que se aprueben en el futuro. De tal forma que se pretende reducir la maraña administrativa actual y establecer criterios para las próximas normas que tengan que aprobarse. Hay que analizar qué trámites o gestiones se pueden suprimir porque estén obsoletos y qué otras normas puedan simplificarse para facilitar la relación de los ciudadanos con la administración. Además, hay que seguir apostando por la administración electrónica, pues supone una reducción importante de costes.
