El Gobierno canario se ve en un complicado escenario para cumplir sus compromisos sociales en el arranque de la legislatura. Los cálculos iniciales, a la vista de la previsión recaudatoria para el próximo año y con los primeros indicios de por dónde van a ir los presupuestos del Estado de 2016, reducen las expectativas iniciales a una disponibilidad efectiva de entre 70 y 100 millones de euros más con respecto a las cuentas de este año, que sufrieron una reducción del 2,5% en relación a las de 2014. El techo de gasto no financiero fijado por el Ejecutivo regional en 5.157 millones de euros supone un crecimiento del 1,8% tras la imposición del Ministerio de Hacienda, pese a que tanto el incremento de los ingresos tributarios como de la actividad económica permitirían crecer más.
El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo mantiene su agenda social pero no podrá incrementar tal y como pretendía el gasto en sanidad, educación, dependencia o prestación canaria de inserción, por lo que tendrá que modular estos crecimientos a lo largo de los cuatro años de legislatura. Uno de los principales compromisos sociales de Clavijo es recuperar los fondos perdidos en sanidad y educación al nivel del año 2009, antes de que se produjeran los importantes recortes que se iniciaron en los presupuestos de 2010. Los ajustes acumulados en ambos servicios públicos superan los 400 millones de euros.
Todo hace prever que el presupuesto del Estado de 2016 no va a colmar las expectativas abiertas en el Ejecutivo autonómico. Por lo pronto el convenio de carreteras no alcanza los 120 millones mínimos exigidos por el presidente Clavijo y la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, a la ministra Ana Pastor. Ni siquiera con las partidas finalistas destinadas a la carretera de La Aldea y el anillo insular de Tenerife se alcanza esta cantidad, al quedarse en 98,5 millones de euros.
Dificultades
Pese a la insistencia del PSOE y de la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, para que se restituya la partida del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) todo indica que no va a ser así, lo que limita los planes para poner en marcha acciones que activen las políticas de empleo.
Así las cosas, la Consejería de Hacienda tendrá que hacer encaje de bolillos para incrementar las partidas del gasto social mientras se concretan los fondos y transferencias procedentes del Estado. Sin embargo, tras la aprobación del proyecto de ley de presupuestos estatales el viernes pasado ya se sabe que Canarias obtendrá 187,3 millones de euros más del sistema de financiación autonómica, lo que supone un 5% de incremento, cantidad por debajo de la media, que es del 8,7%.
Estos incrementos tienen también su reverso. La reducción del déficit público del 0,7% de este año al 0,3% en 2016 supone para las arcas de la Comunidad Autónoma 168 millones menos disponibles, mientras que la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones merma en casi 72 millones de euros los ingresos, a tenor de lo recogido por las previsiones iniciales del presupuesto autonómico de este año.
En este casi equilibrio entre lo que se recibe y lo que se deja de ingresar la Comunidad Autónoma estima un incremento de la recaudación por impuestos de entre un 5 y un 6%. En el primer semestre de este año la recaudación por los tributos propios del Régimen Económico y Fiscal (REF) alcanzan los 718,8 millones de euros según los datos oficiales, ligeramente por encima del mismo periodo del año anterior. Es en esta previsión de incremento donde se basará buena parte de la política presupuestaria del Ejecutivo regional, en el margen que le permite el Gobierno central, y ante la evidencia de que las cuentas del Estado no supondrán grandes cambios con respecto a este ejercicio.
Otra cuestión a tener en cuenta, ratificada por el Consejo de Ministros, es el incremento salarial a los empleados públicos del 1% previsto en las cuentas estatales. Esta decisión también tiene que ser trasladada por las comunidades autónomas en sus respectivos presupuestos. En el caso de Canarias incrementar un 1% el gasto en personal supone alrededor de 27 millones de euros más, cantidad que resta fondos para la inversión y el gasto social.
